Las principales asociaciones de jueces y fiscales han lanzado un aviso sobre la posibilidad de una huelga en respuesta a las controversiales reformas judiciales promovidas por el Gobierno. Este anuncio se produce tras obtener un «respaldo mayoritario» de sus miembros, excluyendo algunas de las agrupaciones más progresistas. Las reformas en cuestión afectan el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como la estructura de la Fiscalía General del Estado, lo que ha llevado a los magistrados a considerarlas una clara amenaza a la independencia del poder judicial.
Este lunes, cerca del 70% de los jueces y fiscales en activo se unieron a un paro simbólico frente a los tribunales, donde se denunciaron las «graves» implicaciones de las reformas, que, según afirman, comprometen principios fundamentales del Estado de Derecho, como la autonomía judicial y la del Ministerio Fiscal. El éxito de esta protesta ha impulsado a las asociaciones a iniciar un proceso de consulta interna para medir el apoyo a una posible huelga, la cual describen como «legítima, responsable y proporcionada».
Se ha creado un Comité de Huelga que agrupa a representantes de las principales organizaciones profesionales, incluyendo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), junto con varios colectivos fiscales. Este comité será el encargado de coordinar las acciones si se confirma el respaldo mayoritario para la huelga.
Las asociaciones critican que las reformas han sido tramitadas «vía de urgencia y sin diálogo», señalando que afectan a «pilares esenciales» del sistema judicial. Afirman que el alto seguimiento de la protesta refleja un «profundo malestar» en el sector judicial, que demanda una Justicia «independiente y al servicio de los ciudadanos».
La controversia ha trascendido el ámbito judicial. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha solicitado al Gobierno que retire los proyectos legislativos, argumentando que estos «atentan contra la separación de poderes». Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, defiende las reformas como un intento de modernización.
El clima político actual está marcado por una polarización evidente, donde la oposición acusan al Ejecutivo de socavar la independencia de los jueces, un señalo que el Gobierno desmiente. Se prevé que el conflicto entre el poder judicial y el legislativo pueda agravarse si finalmente se lleva a cabo la huelga, lo que supondría un enfrentamiento sin precedentes en la historia reciente del país.
