Este martes, todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo las progresistas, han decidido mantener la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio. La medida surge tras la negativa del Gobierno a retirar reformas que modificarían el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como a adaptar la Fiscalía a un futuro cambio que delegaría en los fiscales la responsabilidad de las investigaciones penales.
En un comunicado emitido por Europa Press, las cinco asociaciones convocantes—Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)—explicaron que la decisión se tomó tras una reunión con representantes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
El comité de huelga solicitó la retirada total del proyecto de ley para reformar el acceso a las carreras judicial y fiscal y insistió en que la normativa debe tramitarse por el cauce ordinario para garantizar un tratamiento riguroso y consensuado. Además, rechazaron la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), argumentando que esto representaría un retroceso considerable en la autonomía de la Fiscalía.
A pesar de las reivindicaciones, las asociaciones señalaron que el Ministerio no mostró disposición a modificar su proyecto y lamentaron la falta de diálogo, poniendo en duda incluso el derecho de huelga de jueces y fiscales, derecho que había sido reconocido en años anteriores.
Las asociaciones acordaron mantener el contacto con el Ministerio para agotar todas las vías de diálogo, pero reafirmaron su compromiso con las medidas de conflicto colectivo previamente acordadas, que incluyen una concentración frente al Tribunal Supremo el sábado y la huelga de los días 1, 2 y 3 de julio.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Justicia calificaron la reunión como «respetuosa y constructiva», indicando que se explicaron los detalles de las reformas al grupo de asociaciones. Desde el Ministerio, se sostiene que los temores planteados son infundados y se ha advertido sobre la «incertidumbre jurídica» que podría generar la convocatoria de la huelga. Asimismo, se anunció que se enviará un oficio al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que se pronuncie sobre esta cuestión.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
