Las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de las progresistas, han decidido mantener la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio. Esta medida surge en protesta por las reformas del Gobierno relacionadas con el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como a la propia Fiscalía. La decisión se mantiene a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha advertido que la convocatoria carece de sustento normativo y ha anunciado que se establecerán servicios mínimos.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) comunicaron su postura a través de un mensaje dirigido a jueces y fiscales. Esta reacción se produce tras un Pleno extraordinario del CGPJ, que analizó la convocatoria de huelga por solicitud de las asociaciones y del Ministerio de Justicia. El Consejo resolvió de forma unánime que el derecho a huelga para los jueces no cuenta con base normativa suficiente, alegando que no procede considerar la convocatoria.
Desde el CGPJ se han señalado que, pese a la falta de reconocimiento de la huelga, no se prevén sanciones disciplinarias para aquellos jueces que decidan sumarse a la protesta. Sin embargo, el Ministerio de Justicia sería el encargado de aplicar descuentos salariales por los días de huelga. Las asociaciones, por su parte, defienden que el derecho a huelga es fundamental y está protegido por el artículo 28.2 de la Constitución Española, argumentando que la ausencia de una normativa específica no debería restringir su ejercicio.
Rubrican que este derecho es individual y se puede ejercer libremente, sin la necesidad de preaviso. Además, advierten que cualquier intento por parte del empleador para obstaculizar la participación sería considerado una infracción muy grave. Para facilitar el seguimiento de la participación, el Comité de Huelga ha habilitado direcciones de correo electrónico donde los interesados pueden comunicar de forma confidencial su decisión de secundar la huelga.
Ante la falta de servicios mínimos fijados oficialmente por el CGPJ o la Fiscalía, el Comité de Huelga ha implementado medidas para garantizar la atención necesaria a la ciudadanía, al mismo tiempo que protegen el derecho a la huelga. Las organizaciones han recordado que la participación en la huelga conllevará una pérdida retributiva proporcional.
Finalmente, las asociaciones han manifestado que, tras los tres días de huelga, evaluarán la situación en función de la respuesta institucional y el avance de las reformas, lo que podría llevar a la continuidad o ampliación de las medidas. En su comunicado, subrayan la importancia de defender una justicia independiente y profesional, agradeciendo la unidad y el compromiso de sus miembros en este momento crítico para el futuro del Estado de Derecho.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
