El futuro de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), que ha estado presente durante más de cinco décadas, se encuentra en un estado de incertidumbre tras la decisión de las aseguradoras DKV y Adeslas de no renovar su acuerdo. Esta situación ha desatado la preocupación entre los aproximadamente 1,5 millones de funcionarios y sus familias, quienes dependen de este sistema para su atención médica.
La única aseguradora que permanece en la balanza es Asisa, que ha ampliado el plazo para tomar una decisión definitiva hasta el 27 de enero, tras la prórroga del plazo inicial que se cerraba el 15 de enero. El Gobierno ha intentado mediar en esta crisis proponiendo un incremento del 33,5% en la prima del seguro, que supera el 17,12% que fue ofrecido en la primera licitación y que fue rechazado por las aseguradoras. Sin embargo, este nuevo ajuste parece no ser suficiente para asegurar la continuidad del servicio, dejando en el aire el futuro de Muface y, por ende, el de los funcionarios afectados.
Las dificultades económicas actuales y el aumento constante de los costes sanitarios son, según las aseguradoras, las principales razones que han llevado a DKV y Adeslas a dar un paso atrás. A pesar de que el Gobierno busca mitigar estos problemas con el incremento de la prima, las compañías consideran que no cumplen con las exigencias necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. En este contexto, Muface se enfrenta al desafío de seguir brindando cobertura médica a sus beneficiarios mientras intenta mantener relaciones de colaboración con las aseguradoras privadas.
La retirada de estas dos importantes compañías podría modificar radicalmente el acceso a los servicios de salud, eliminando la opción para los funcionarios de elegir entre la sanidad pública y privada, que ha sido un privilegio exclusivo de este colectivo. Si Muface no logra renovarse, los funcionarios y sus familias podrían verse obligados a quedarse con el sistema de salud pública, lo que implicaría una disminución en la calidad y diversidad de las opciones de atención médica. Además, el posible colapso de esta mutualidad genera interrogantes sobre el futuro de otras entidades similares en el país, planteando un escenario preocupante para la cobertura sanitaria en el ámbito público y privado en España.
