La Generalitat Valenciana enfrenta una grave crisis financiera con proyecciones alarmantes sobre su deuda. Según la agencia Fitch Ratings, se espera que la deuda pública de la Generalitat alcance los 75.300 millones de euros en 2029, lo que representa un aumento del 25,5% en comparación con los 60.300 millones actuales. Aunque la calificación autonómica permanece en BBB, esto significa que la comunidad se encuentra en un grado de inversión pero aún lejos de la excelencia que representa el AAA. Este complicado panorama se debe a un persistente desbalance entre ingresos y gastos, obligando así a aumentar el endeudamiento, aunque el respaldo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del Estado sigue funcionando como un amortiguador.
La dependencia del Tesoro Público es notable, con un 91% de la deuda vinculada a él, lo que minimiza el riesgo de impago pero también traslada la presión financiera a la administración central. Fitch destaca que, a pesar de que el costo de la deuda es bajo, proyectando un 1,5% para 2024, la realidad es preocupante: en solo cuatro años, se prevé que el endeudamiento aumente en 15.000 millones de euros, superando los 11.200 millones que el Gobierno había propuesto amnistiar recientemente. Aunque la Generalitat, bajo la administración del PP y Vox, ha rechazado estas medidas, su aplicación podría revertir parcialmente la situación financiera.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha sido aún más crítica, señalando un «riesgo acentuado» de incumplir los objetivos de déficit y gasto en 2025 y 2026. Las rebajas fiscales implementadas por el Consell, como la eliminación del tributo de sucesiones y las bonificaciones en el impuesto de Patrimonio, se prevé que restarán ingresos significativos, con pérdidas proyectadas de 127 millones en 2024 y hasta 83 millones anuales en las transmisiones patrimoniales. Esta situación se complica aún más por un conflicto con el Ministerio de Hacienda, que ha dejado a la Generalitat sin 2.500 millones adicionales del FLA, obligándola a recurrir a créditos bancarios más caros, lo que incrementa la incertidumbre y el riesgo de déficit.
Aunque la consellera de Hacienda, Ruth Merino, argumenta un crecimiento del 21,5% en los ingresos tributarios gracias al sector inmobiliario, AIReF subraya que este optimismo podría estar infundado. Mientras la Generalitat proyecta reducir su gasto un 2% el próximo año, AIReF prevé un aumento del 4%, lo que añade presión adicional sobre las finanzas públicas.
Sin medidas correctivas urgentes, la deuda de la Generalitat Valenciana podría seguir creciendo de manera insostenible. Las rebajas fiscales, a pesar de su popularidad, representan un riesgo para la estabilidad financiera. Mientras la Generalitat continúa señalando la infrafinanciación como un problema central, las exigencias de disciplina fiscal desde Bruselas y Madrid son cada vez más apremiantes. Valencia se encuentra en una encrucijada, necesitando liquidez pero comprometiendo aún más su futuro con cada nuevo préstamo. La situación exige atención inmediata, pues el tiempo se agota.
