La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha confirmado una visita al Parque Nacional de Cabañeros, en Ciudad Real, prevista para febrero. La visita busca estudiar los efectos de la prohibición de la caza, que se instauró en 2020 y que ha generado inquietudes por el descontrol de las poblaciones autóctonas, lo que podría estar provocando un deterioro del hábitat.
La decisión de la comisión se da tras la solicitud de un ciudadano español, quien ha denunciado que la prohibición ha llevado a una sobrepoblación de ciervos y jabalíes, impactando negativamente en el ecosistema del parque, que forma parte de la red europea Natura 2000. En su intervención, el peticionario enfatizó la necesidad de implementar medidas de regulación y control, advirtiendo que «los animales comen, crecen, se reproducen, mueren y enferman».
El ciudadano también subrayó la importancia de cumplir con la normativa comunitaria para la conservación de Cabañeros, señalando que su degradación no solo afecta a España, sino también al patrimonio natural europeo. Desde la Comisión Europea, un representante remarcó que los planes de conservación en las áreas de la red Natura 2000 deben asegurar la protección de las especies autóctonas, aunque mencionó que la resolución de este tema debería manejarse en tribunales nacionales.
Los grupos parlamentarios PP y Vox han apoyado la solicitud del peticionario, advirtiendo sobre el «deterioro alarmante» del parque, que enfrenta problemas como la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad, un mayor riesgo de incendios y la desaparición de especies valiosas. Juan Ignacio Zoido, eurodiputado del PP, criticó la «inacción» del Gobierno de España y del Ejecutivo de Castilla-La Mancha en la gestión del parque.
Por su parte, Mireia Borrás de Vox cuestionó a la Comisión Europea, acusándola de hacer alarde de su agenda verde mientras ignora problemas ambientales concretos y apela a «excusas burocráticas». También cargó contra la gestión del PSOE en el parque, atribuyendo el fracaso de sus políticas a un «ecologismo radical».
En respuesta, la eurodiputada socialista Cristina Maestre defendió que no hay un problema con el control de la densidad de ungulados en Cabañeros y respaldó las políticas de caza de la Junta de Castilla-La Mancha. Maestre destacó que las autoridades otorgan licencias de caza de forma gratuita y que este sector representa un 2,1% del PIB de la comunidad autónoma, además de afirmar que la sociedad de Castilla-La Mancha apoya el veto a la caza en el parque.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
