El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha confirmado que el próximo 4 de febrero el Gobierno español aprobará en el Consejo de Ministros una propuesta que busca reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Esta iniciativa, orientada a mejorar las condiciones laborales en el país, deberá ser debatida y votada en el Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo requerirá una mayoría para su aprobación final.
La reforma tiene como objetivo que la reducción de la jornada se implemente de forma progresiva, permitiendo que todos los trabajadores accedan a este beneficio para finales de 2025. Este acuerdo fue logrado en diciembre entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, aunque no contó con el respaldo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Cuerpo subrayó la importancia de apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) durante esta transición, asegurando que su implementación sea efectiva. Este tema fue analizado en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, con la participación de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Otro aspecto relevante en el debate es el método de tramitación de la medida, si será por vía ordinaria o urgente, lo cual influirá en los plazos de ejecución. La relación entre Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz ha experimentado tensiones recientemente, ya que Díaz ha criticado al ministro por, según ella, atrasar la aprobación del acuerdo, manifestando que “negar media hora menos de trabajo al día es casi de mala persona”.
La CEOE y la Cepyme han expresado su descontento con la reforma, argumentando que no se acordó en el ámbito del diálogo social, como establece el Estatuto de los Trabajadores. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha denunciado que esta propuesta podría ser inconstitucional, al considerar que el Ministerio de Trabajo invadiría competencias reservadas a la negociación colectiva.
A pesar de estas oposiciones, Yolanda Díaz recordó que iniciativas similares han enfrentado rechazo en el pasado. En 1983, el Gobierno de Felipe González redujo la jornada laboral a 40 horas semanales, y en 1990, el Tribunal Constitucional ratificó su validez, estableciendo un precedente para la actual reforma.
Si el Consejo de Ministros aprueba la propuesta, el siguiente paso será enviarla al Congreso, donde el Gobierno deberá negociar con diferentes fuerzas políticas para asegurar el apoyo necesario. PSOE y Sumar estarán al frente de esta iniciativa en un contexto político caracterizado por tensiones entre empresarios, sindicatos y partidos.
La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales podría marcar un avance significativo para España, modernizando las condiciones laborales e impulsando una serie de desafíos tanto políticos como empresariales.
