El Gobierno de Castilla-La Mancha ha respondido de manera enérgica a las críticas formuladas por la Generalitat Valenciana en relación con el trasvase Tajo-Segura, lo que ha desatado un nuevo episodio de tensión entre ambas administraciones. La consejera portavoz, Esther Padilla, ha defendido que el Ejecutivo regional, bajo la presidencia de Emiliano García-Page, no está ejerciendo presiones para bloquear el trasvase, sino que su único objetivo es garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Padilla ha destacado que el foco de su presión se centra en las cinco sentencias del Tribunal Supremo que exigen asegurar los caudales ecológicos del río Tajo, un elemento que considera fundamental para la salud del ecosistema fluvial. Estas declaraciones surgieron en respuesta a los comentarios del conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Miguel Barrachina, quien acusó a Castilla-La Mancha de ejercer una presión política que perjudicaría el proceso del trasvase e instó al Ministerio para la Transición Ecológica a respetar las reglas de explotación contempladas en esta infraestructura.
La portavoz del Gobierno regional subrayó su compromiso con una gestión hídrica que priorice la legalidad, la equidad y la sostenibilidad, reafirmando que la protección del medio ambiente es una de sus principales prioridades. En este contexto, Padilla instó a Barrachina a actuar de manera responsable desde su posición institucional y recordó que el presidente García-Page aboga por la aprobación de un Plan Hidrológico que exige ajustes en las reglas de explotación del trasvase. Estos ajustes son, según la consejera, «una necesidad urgente que no admite más demoras» y son necesarios para garantizar un caudal mínimo en el Tajo.
Este tema continúa generando controversia y atención mediática, mientras ambas comunidades autónomas mantienen sus posturas y se enfrentan en un debate que toca aspectos fundamentales de la gestión del agua y la convivencia entre regiones.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
