El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha decidido abrir una investigación sobre los contratos de emergencia aprobados por la Junta de Andalucía durante la pandemia, tras la denuncia presentada por el PSOE de Andalucía. Esta denuncia apunta a posibles delitos de malversación y prevaricación implicando al presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla. Los contratos en cuestión fueron adjudicados sin el debido proceso de publicidad, control y concurrencia, lo que ha generado sospechas sobre un posible uso indebido de recursos públicos en un momento crítico para el sistema de salud.
Juan Espadas, secretario general del PSOE-A, ha criticado duramente la gestión de estos contratos, afirmando que fueron realizados “a dedo y sin concurso”, lo que favoreció de manera desproporcionada a la sanidad privada en detrimento de la pública. Espadas ha resaltado la gravedad de la situación, dado que la sanidad pública estaba enfrentando su peor momento, con un aumento en las listas de espera y un notable deterioro en la calidad de atención. “Esperamos que se depuren responsabilidades penales llegado el caso”, declaró Espadas, quien además ha solicitado esclarecer la situación en el Parlamento.
El contexto de esta investigación se intensifica con el hecho de que, hace aproximadamente un año, los auditores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) denunciaron el abuso de la contratación de emergencia en 2021. En total, se alcanzaron acuerdos que superaron los 300 millones de euros con empresas privadas, careciendo de justificación suficiente. El órgano fiscalizador del Gobierno andaluz calificó estas contrataciones como “indebidas”, ya que se realizaron sin cumplir con las garantías de publicidad y competencia que estipula la legislación.
Pese a las advertencias reiteradas tanto de la Junta Consultiva de Contratación Pública como de la Consejería de Hacienda, que instaron a limitar el uso de la contratación de emergencia a casos verdaderamente excepcionales, la Junta ignoró estos avisos. Se continuó empleando un procedimiento que no reunía los requisitos legales necesarios para justificar su urgencia, lo que, según los interventores, constituía una vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). La situación plantea ahora serias interrogantes sobre la gestión de los fondos públicos y la transparencia en las contrataciones durante una de las crisis más complejas en el ámbito de la salud en Andalucía.
