La reciente reforma de la ley que permite a los presos de ETA computar el tiempo cumplido en cárceles francesas ha generado un notable impacto en la política penitenciaria. Hasta ahora, 52 presos de ETA han solicitado y obtenido el beneficio de esta nueva normativa, lo que les ha permitido acumular los años cumplidos en Francia para obtener la libertad anticipada. De este grupo, 7 podrían salir de prisión antes de que termine el año, según las previsiones de Sare, una organización que defiende los derechos de los presos vascos.
Joseba Azkarraga, portavoz de Sare, ha informado desde Vitoria que actualmente hay 140 presos de ETA en cárceles del País Vasco, Navarra y Francia. De ellos, 48 se encuentran en cárceles vascas y navarras, mientras que otros 4 aún permanecen en cárceles francesas. Este contexto ha llevado a los presos a solicitar la aplicación de la ley ante la Audiencia Nacional, con sus abogados gestionando el procedimiento legal correspondiente.
Azkarraga ha destacado la importancia de que el proceso judicial avance sin obstáculos, subrayando la necesidad de evitar maniobras que puedan dilatar la salida anticipada de los reclusos. También ha señalado el impacto positivo que esta reforma tiene en el tratamiento de los presos de ETA dentro del sistema penitenciario español. La concentración de estos reclusos en cárceles del País Vasco y Navarra ha aumentado en los últimos años, en un esfuerzo por acercarles a sus familias, un objetivo reivindicado por organizaciones como Sare.
La reforma legal no solo ha permitido un avance en la política penitenciaria, sino que también ajusta el cumplimiento de las penas a los cambios legales aplicados a los presos relacionados con el conflicto vasco. Este cambio ha sido crucial para muchos reclusos que buscan reducir su tiempo en prisión, ya que facilita una salida más rápida bajo las nuevas condiciones establecidas. Asimismo, la cooperación judicial entre Francia y España ha sido fundamental para que esta reforma se implemente de manera efectiva.
Los próximos meses serán determinantes para que más presos puedan beneficiarse de esta normativa, siempre y cuando el proceso judicial se mantenga libre de retrasos y complicaciones. Las organizaciones defensoras de los derechos de los presos esperan que esta reforma continúe su curso y permita avanzar en la reintegración social de aquellos reclusos que cumplan con los requisitos establecidos por la ley. La reforma representa una nueva oportunidad para muchos, fomentando su reintegración y abriendo puertas hacia un futuro más esperanzador.
