Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra en el centro de un escándalo por presunto fraude fiscal que involucra hasta 17 reuniones con la Agencia Tributaria. Estas reuniones, que comenzaron en mayo de 2022, se centraron en aclarar acusaciones de doble fraude fiscal tras un notable aumento de sus ingresos en 2020, cuando facturó 2,3 millones de euros a través de su empresa Maxwell Cremona, contrastando con ingresos significativamente menores en años anteriores.
A pesar de las múltiples oportunidades para justificar su situación, la defensa legal de González Amador no presentó respuestas satisfactorias a los requerimientos de Hacienda. La situación se agravó tras la presentación de facturas consideradas fraudulentas, lo que llevó al acusado a reconocer en 2023 su “error” y asumir los delitos. En febrero de 2024, aceptó un acuerdo que implicó el pago de 525.000 euros y una condena de ocho meses de cárcel por fraude fiscal.
Frente a la creciente presión mediática y política, Isabel Díaz Ayuso ha salido en defensa de su pareja, aunque informes de Hacienda indican que la investigación se inició mucho antes de que se hiciera pública su relación, lo que descarta acusaciones de persecución política. Además de su situación con Hacienda, González Amador ha llevado su conflicto a otros niveles judiciales, demandando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a otros miembros del Ejecutivo por injurias y calumnias. Reivindica 100.000 euros de compensación a Sánchez y 50.000 al ministro Félix Bolaños por haberlo calificado de “delincuente confeso”.
Este conflicto ha escalado aún más, ya que González Amador ha decidido ampliar su lucha legal contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, planteando también la necesidad de conciliación por declaraciones que considera perjudiciales para su imagen. Este enfrentamiento subraya la creciente tensión entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, donde escándalos personales y cuestiones de gestión pública se entrelazan en los debates mediáticos.
La resolución de este caso puede influir no solo en la situación de González Amador, sino también en la reputación de Isabel Díaz Ayuso, cuya figura está bajo el escrutinio público desde el comienzo de esta investigación. La atención mediática y del público se mantendrá alerta ante el desenlace de este conflicto legal y político, en el que las principales figuras del panorama político español están enfrentadas.
