La compra de material sanitario realizada por la Xunta de Galicia ha despertado controversias tras revelarse que Mape, la empresa proveedora, adquirió las mascarillas y otros productos a FCS, una firma ligada a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Las operaciones, que fueron parte de la gestión crítica de la pandemia en 2020, han suscitado interrogantes sobre la transparencia y la ética en la adjudicación de contratos sanitarios.
El acuerdo que permitió a la Xunta de Galicia acceder a material sanitario por un monto de 42 millones de euros ha sido objeto de atención mediática debido a las comisiones que González Amador recibió por su papel como intermediario. Según fuentes verificadas, el empresario se habría embolsado alrededor de dos millones de euros, lo que representa un 4,5% del total de la transacción. Este hecho ha llevado a cuestionar cómo se gestionaron las compras y si existía una supervisión adecuada en un momento de necesidad crítica.
Desde el gobierno gallego, se ha defendido la legitimidad del proceso, aclarando que las compras se realizaron exclusivamente a Mape, una entidad especializada en material sanitario, y que fueron seleccionados a través del marco de adquisición del Gobierno central. La Xunta ha subrayado que no existió una relación directa con FCS ni con González Amador, insistiendo en que las responsabilidades sobre esta operación recaen en los proveedores.
A pesar de las aclaraciones, el caso ha generado un debate más amplio sobre las prácticas de intermediación en la compra de suministros durante una crisis sanitaria. Investigaciones recientes han destacado que González Amador, a través de su empresa Maxwell Cremona, facturó cerca de dos millones de euros en una sola operación con FCS. Estos ingresos han sido documentados en su contabilidad presentada ante la Agencia Tributaria, lo que confirma el flujo de comisiones en un periodo crucial para la salud pública.
La relación entre la pareja de una figura política prominente y la adquisición de materiales críticos durante la pandemia suscita preocupaciones sobre la adecuada gestión de contratos públicos y la potencial influencia de conexiones personales en decisiones administrativas. Las críticas no han tardado en hacerse eco, renovando las demandas de mayor transparencia en la asignación de contratos que son, en última instancia, vitales para la salud de la población.
