La Liga Nacional de Fútbol Profesional (LaLiga) ha enviado una carta formal a un sitio web español solicitando que su proveedor de CDN (Cloudflare) “evite de forma inmediata compartir desde la misma dirección IP” recursos que faciliten el acceso ilícito a sus contenidos. En la misiva, fechada el 29 de septiembre de 2025, se identifica la IP 188.114.96.5 —una dirección anycast de Cloudflare— y se menciona la intención de solicitar el bloqueo de direcciones IP a proveedores de acceso a internet, basándose en la sentencia del 18 de diciembre de 2024 del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona.
El sitio en cuestión no es señalado como infractor, ya que utiliza Cloudflare habitualmente. No obstante, este hecho ha reavivado el debate sobre la eficacia y los efectos secundarios de los bloqueos por IP en infraestructuras compartidas.
La carta de LaLiga destaca tres puntos clave: el “conocimiento efectivo” de que se ha facilitado acceso ilícito a sus contenidos desde la IP mencionada, el requerimiento para evitar compartir esa dirección IP con recursos que permitan dicho acceso y las medidas anunciadas, que incluyen la solicitud de bloqueo de direcciones vinculadas a infracciones.
La comunicación también incluye capturas de pantalla como prueba y advierte sobre potenciales acciones legales por omisión o cooperación. En el contexto técnico, se pone de manifiesto que las direcciones IP anycast, utilizadas por las CDN, comparten múltiples dominios, lo que eleva la complejidad de aplicar bloqueos selectivos. Bloquear una IP compartida podría interrumpir el acceso a numerosos sitios legítimos no relacionados con la infracción.
Desde un enfoque legal, los juzgados mercantiles en España han validado bloqueos de IP dinámicos durante jornadas de fútbol, resaltando la necesidad de proporcionalidad y precisión, con el objetivo de minimizar daños a terceros ajenos a las infracciones.
Expertos en el sector han señalado que, para que las medidas sean efectivas sin afectar a la infraestructura compartida, es esencial contar con un inventario detallado de indicadores, una metodología reproducible para la aplicación de bloqueos, criterios de reversión y canales de comunicación técnica entre operadores.
El posible impacto de estos bloqueos incluye la interrupción del acceso a sitios legítimos y el coste que puede suponer para empresas sin relación con la infracción. En este sentido, se sugieren salvaguardias como el bloque por dominio o SNI, ventanas temporales delimitadas y procedimientos para informar posteriormente sobre las medidas aplicadas.
A día de hoy, LaLiga sigue adelante con su intención de solicitar bloqueos de IP que considere vinculadas a emisiones ilícitas durante las jornadas, mientras que el debate sobre la necesidad de medidas más precisas y coordinadas continúa en el ámbito técnico y jurídico. La búsqueda del equilibrio entre la protección de derechos y la salvaguarda de actividades legítimas se vuelve cada vez más crucial en un entorno digital donde la infraestructura compartida es la norma.
