El conflicto entre LaLiga y el ecosistema digital en España ha escalado a niveles judiciales, puesto que el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona ha admitido a trámite los incidentes de nulidad presentados por la compañía estadounidense Cloudflare y la comunidad de ciberseguridad RootedCON. Ambos actores han denunciado los bloqueos indiscriminados de direcciones IP y dominios ejecutados por LaLiga y Telefónica Audiovisual durante las retransmisiones deportivas. Estas medidas, argumentan los demandantes, han afectado a miles de servicios legítimos que no tienen relación alguna con la piratería.
Las actuaciones de LaLiga, bajo la premisa de combatir la piratería, han causado daños colaterales significativos, impactando a plataformas tecnológicas, tiendas online, servicios educativos y negocios digitales legítimos debido a errores de bloqueo. Cloudflare, uno de los principales proveedores de infraestructura de Internet, ha indicado que estas medidas afectan a decenas de miles de servicios, poniendo en riesgo la fiabilidad y reputación de infraestructuras críticas.
La comunidad RootedCON ha expresado su preocupación por estas prácticas, que consideran un riesgo para la libertad de información y el acceso a Internet. Según sus declaraciones, se está criminalizando a empresas y profesionales que comparten infraestructura con servicios ilegales, todo ello sin un análisis riguroso y sin el debido respeto a los principios de neutralidad de la red.
El descontento por la situación no solo es evidente entre las empresas tecnológicas y colectivos profesionales, sino que también ha generado un clima de malestar entre los usuarios de operadoras como Movistar y O2. Miles de estos usuarios han comenzado a presentar reclamaciones para exigir compensaciones económicas debido a la interrupción de servicios esenciales ocasionadas por los bloqueos durante jornadas de fútbol. Muchos no han podido acceder a webs ni plataformas que no tienen relación con contenidos audiovisuales deportivos, lo que ha generado desconcierto y pérdidas económicas.
La reciente decisión del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona representa un precedente significativo para revisar y limitar estas acciones, ya que la admisión de los incidentes de nulidad propuestos por Cloudflare y RootedCON abre la puerta hacia una posible regulación judicial que limite los bloqueos indiscriminados.
Mientras tanto, LaLiga defiende su estrategia a través de comunicados en los que destaca el uso de inteligencia artificial, big data y monitorización avanzada para detectar miles de emisiones ilegales por partido. Sin embargo, los resultados de estas medidas son cuestionables, ya que la piratería no ha desaparecido, sino que ha cambiado de forma y de canales, mientras los perjuicios a servicios legítimos continúan en aumento.
La presión judicial y social hacia LaLiga se intensifica, y se vislumbra la necesidad de un replanteamiento de las medidas implementadas por la liga y sus socios tecnológicos. Expertos del sector sugieren que la solución está en fomentar un mayor diálogo, aplicar estrategias más precisas y respetar, en todo momento, los derechos de las empresas y usuarios que quedan al margen de las actividades ilícitas.