El próximo 31 de diciembre de 2024 culminará la moratoria contable implementada durante la pandemia, que buscaba aliviar la presión financiera sobre las empresas. A partir del 1 de enero de 2025, las compañías se verán obligadas a incorporar las pérdidas acumuladas de los ejercicios 2020 y 2021 en sus cuentas, sumándolas a las de 2022, 2023 y 2024. Esto significará que deberán evaluar si se encuentran en una "causa legal de disolución", obligando a muchas a revisar sus cuentas y tomar medidas inmediatas para evitar complicaciones más serias.
Esta moratoria, implementada en 2020 por el Gobierno, fue diseñada para proteger a las empresas viables que habían sido severamente impactadas por la pandemia, permitiéndoles evitar la contabilización de esas pérdidas durante dos años, lo cual mitigó en parte su desequilibrio patrimonial. Sin embargo, con el cierre del ejercicio 2024, las empresas deberán retomar la normalidad y considerar seriamente el impacto de esas pérdidas en su patrimonio neto.
Según la Ley de Sociedades de Capital, una empresa entra en causa de disolución cuando las pérdidas acumuladas hacen que su patrimonio neto se reduzca a menos de la mitad del capital social. Esta situación legal obliga a los administradores a convocar una junta de socios en un plazo máximo de dos meses, proponer medidas para restablecer el equilibrio patrimonial, o disolver la empresa si no hay otra alternativa.
Ante el fin de la moratoria, las empresas deben actuar con rapidez. Las acciones que los administradores deben considerar incluyen una revisión urgente de cuentas para evaluar el estado financiero, la implementación de medidas correctivas, como ampliaciones de capital o reestructuraciones, y la preparación adecuada para la junta general donde se presentarán propuestas concretas para garantizar la continuidad de la empresa.
Este periodo de transición será crítico para aquellas empresas que aún no han logrado recuperarse completamente desde la crisis sanitaria. Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que son la columna vertebral del tejido empresarial en España, enfrentan un riesgo elevado si no afrontan la situación con anticipación.
Además del riesgo de disolución, la ley exige que los administradores actúen con la debida diligencia; de lo contrario, podrían enfrentarse a responsabilidades personales. Si no convocan la junta en el tiempo establecido o no implementan soluciones efectivas, podrían ver sus patrimonios personales en riesgo ante las deudas surgidas tras el reconocimiento de la causa de disolución.
En conclusión, el 1 de enero de 2025 marcará un hito que devolverá a las empresas a la realidad financiera después de un periodo de alivio. Los administradores tienen la responsabilidad de llevar a cabo revisiones exhaustivas y proactivas de sus cuentas para anticiparse a problemas mayores. Detectar y abordar los problemas a tiempo será vital para evitar la disolución y proteger el patrimonio personal de los responsables, así como preservar la viabilidad de muchas empresas en el país. Ante este panorama, el lema es claro: más vale prevenir que lamentar consecuencias legales y económicas severas en el futuro.
Vía: Noticias financieras
