La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para obligar al Gobierno a convocar la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). Este organismo es fundamental para la colaboración entre las entidades locales y el Estado, y su falta de reunión regular ha generado preocupación, especialmente en lo que respecta a la reforma del sistema de financiación local, un aspecto que debería ser abordado por el Ministerio de Hacienda.
La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, ha justificado esta acción legal ante la «falta de respuesta» del Ejecutivo frente a las múltiples solicitudes de la federación para que se convoque la CNAL. Según García-Pelayo, tanto el pleno como las subcomisiones de este órgano deberían reunirse, al menos, dos veces al año. Sin embargo, la última sesión ordinaria se celebró en septiembre de 2022, y aunque se han hecho convocatorias extraordinarias en diciembre de 2023 y julio de 2024, estas solo sirvieron para abordar la senda de gasto de los proyectos de presupuestos generales del Estado.
García-Pelayo ha destacado la importancia de este foro para debatir los problemas que enfrentan los ayuntamientos, poniendo énfasis en la escasez de financiación y recursos disponibles. La presidenta subrayó que estos recursos deben ser utilizados en beneficio de los ciudadanos, quienes merecen acceder a los mejores servicios posibles.
A pesar de los intentos por parte de la FEMP, no se ha recibido respuesta a las cartas enviadas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en tres ocasiones, solicitando la convocatoria del foro. La presidenta también ha intentado comunicarse con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien tiene la presidencia de la comisión, pero tampoco ha obtuvieron respuesta.
García-Pelayo ha manifestado su preocupación por la situación actual, señalando que es crucial que los ayuntamientos sean “escuchados” en el debate sobre la financiación autonómica. La carencia de diálogo y colaboración entre el Gobierno y las entidades locales podría comprometer la atención y los servicios que los ciudadanos reciben a través de sus ayuntamientos.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
