La reciente reforma de la Ley Orgánica 7/2014, que aborda el intercambio de información sobre antecedentes penales y la homologación de resoluciones penales en la Unión Europea, podría tener un impacto significativo en el régimen penitenciario de varios reclusos de ETA. Se estima que hasta 45 presos, muchos de los cuales están condenados por delitos de sangre, podrían beneficiarse de esta modificación legislativa.
Entre los etarras que verían sus penas reducidas se encuentran figuras históricas como Xabier García Gaztelu, conocido como Txapote; José Javier Arizkuren Ruiz, apodado Kantauri; y otros líderes de la organización terrorista. La reforma permite que las condenas cumplidas en otros países de la UE se descuenten de las penas impuestas en España, lo que podría facilitar la salida anticipada de varios de estos reclusos, incluidos aquellos que cumplieron parte de su condena en Francia.
Uno de los casos más controversiales es el de Txapote, quien fue condenado por doce asesinatos, incluido el del concejal del PP, Miguel Ángel Blanco. Aunque su condena está establecida hasta 2031, al considerar los años que pasó en prisión en Francia, podría obtener su libertad en 2025. Su pareja, Irantzu Gallastegui, alias Amaia, también podría salir en libertad en 2026, tras cumplir su condena por su participación en varios asesinatos.
Otro destacado en esta lista es Kantauri, condenado a 154 años de cárcel por su implicación en el asesinato de Fernando Múgica y otros crímenes. Al igual que Txapote, también podría beneficiarse de la reforma y optar a la libertad en 2025, lo que representaría un adelanto de seis años respecto a la fecha prevista.
La posible liberación de estos etarras ha suscitado una fuerte reacción de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ha expresado su indignación y preocupación por la decisión del Gobierno, considerándola un despropósito. El Partido Popular ha exigido la retirada de la ley, argumentando que la reforma es una traición a las víctimas del terrorismo. Pese a los intentos del PP de frenar el avance de esta iniciativa, la ley continúa su tramitación en el Senado, generando un intenso debate político y social en España.
La controversia en torno a esta reforma refleja las tensiones en la sociedad española, donde hay divisiones sobre la mejor forma de lidiar con la memoria histórica del terrorismo y la aplicación del derecho penal en el contexto europeo. La cuestión se ha convertido en un tema central en el ámbito político, con repercusiones que afectan tanto a las víctimas como a la consideración del terrorismo en la política española actual.
