El 12 de marzo tuvo lugar una reunión crucial entre la Consejería de Educación y los sindicatos y patronales del sector educativo, en la que se abordó la nueva ley de jubilación parcial y sus requisitos. La Viceconsejera de Educación dejó en claro que no hay asignación presupuestaria para financiar esta medida, generando un clima de descontento entre las organizaciones representativas de la educación concertada.
Los sindicatos FSIE, UGT, CCOO y FEUSO, que representan al 100% de los trabajadores en la educación concertada, expresaron su rotunda oposición a la falta de financiación y negociación sobre un acuerdo de jubilación parcial que beneficie a todos los docentes. Además, exigieron una inversión suficiente que permita la reducción de la carga lectiva en condiciones equivalentes a aquellas alcanzadas para la educación pública.
Frente a estas demandas, la administración se comprometió a una nueva reunión en mayo para revisar las propuestas presentadas, una respuesta considerada por los sindicatos insuficiente y que solo pospone un problema que necesita atención inmediata.
En respuesta a esta situación, FSIE, UGT, CCOO y FEUSO han decidido implementar una serie de medidas de presión para forzar una negociación inmediata y exigir un trato justo hacia la educación concertada. Entre estas acciones se incluye la solicitud de una reunión urgente para establecer un calendario de negociación, la emisión de una nota de prensa en la que se denuncia la falta de diálogo y un trato discriminatorio, así como la organización de concentraciones reivindicativas que demanden un trato equitativo para este sector.
Los sindicatos han dejado claro que continuarán con estas iniciativas hasta lograr un acuerdo satisfactorio en relación a la jubilación parcial y una reducción de la carga lectiva para todos los docentes de la enseñanza concertada.
