Las comunidades autónomas de la Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía han expresado su preocupación por la gestión de la política hídrica a través de una carta dirigida a Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. En este escrito, los ejecutivos regionales, todos bajo la gestión del Partido Popular, manifiestan su malestar por las consecuencias que podrían derivarse de la implementación de las nuevas normas en el Plan Hidrológico del Tajo.
En la carta, los gobiernos regionales recuerdan las demandas interpuestas ante el Tribunal Supremo con relación a la modificación de los caudales ecológicos del Tajo y la disminución de las concesiones de agua. Señalan la importancia crucial del agua como recurso vital para la vida, el desarrollo económico, social y medioambiental, y destacan el impacto negativo que las decisiones recientes pueden tener en sectores como la industria y el abastecimiento agrícola, que provee productos a toda Europa.
Además, las comunidades rechazan la posibilidad de que la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo obstaculice una planificación hidrológica nacional coherente. Critican al Gobierno por permitir que un plan de cuenca tome decisiones que ponen en peligro la viabilidad del Trasvase Tajo-Segura y sus trasvases asociados, el Tajo-Segura y Tajo-Guadiana.
La misiva destaca una tendencia inaceptable de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que ha tomado decisiones aparentemente con el consentimiento del Gobierno de España. Los firmantes responsabilizan al Ministerio de Teresa Ribera por la aprobación de planes incompatibles y la falta de alternativas viables para el 2027, así como la ausencia de medidas compensatorias adecuadas en la planificación hidrológica aprobada.
Las comunidades autónomas argumentan que no hay pruebas que demuestren un impacto ambiental significativo de los cambios en los caudales, pero sí una reducción drástica en la asignación de recursos hídricos para las áreas que más lo necesitan. Están comprometidas a seguir luchando legalmente y, de ser necesario, llevar el caso a instancias europeas debido al incumplimiento de la Directiva Marco del Agua por parte del Ministerio.
Por último, las comunidades, representando a 22 millones de españoles, reafirman su disposición a trabajar en conjunto en el desarrollo de nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, a pesar de que esta propuesta haya sido rechazada previamente por el Gobierno. Subrayan la necesidad de actualizar y promover una planificación hidrológica nacional, ofreciendo su colaboración al Gobierno para lograr este objetivo. La carta refleja la preocupación y la determinación de estas comunidades autónomas en la defensa de sus intereses hídricos y en la búsqueda de soluciones sostenibles para el futuro.
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