El sindicato Manos Limpias ha tomado medidas legales contra Bárbara Rey, acusándola de un presunto delito de revelación de secretos, según establece el artículo 197 del Código Penal español. La denuncia se presentó en el Juzgado de Instrucción de Madrid después de que se difundieran varios audios que contienen conversaciones privadas entre la exvedette y Juan Carlos I, rey emérito de España. Miguel Bernad Remón, secretario general del sindicato, argumentó que la divulgación de estos audios vulnera la intimidad del monarca.
Según el mencionado artículo del Código Penal, las sanciones podrían incluir penas de prisión de hasta cuatro años, así como multas que varían entre doce y veinticuatro meses por la divulgación de información privada sin el consentimiento de las partes involucradas. La controversia comenzó cuando el medio Ok Diario publicó inicialmente los audios, que otros medios replicaron poco después.
Adicionalmente, el escándalo parece estar lejos de resolverse, ya que se ha informado de la existencia de más vídeos y audios comprometidos que aún no han sido difundidos públicamente. Este material, que supuestamente fue grabado en el domicilio de Bárbara Rey, podría representar una amenaza considerable a la imagen del rey emérito, según fuentes de El País. Los vídeos, grabados por Ángel Cristo Jr., hijo de la exvedette, podrían reavivar viejos escándalos relacionados con la vida privada del exmonarca.
En un contexto más amplio, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había tomado posesión de las grabaciones en su momento, pero aún no se descartan la circulación de copias que podrían haber estado en manos de varias personas durante años. La potencial difusión de estos materiales ha generado preocupación por el impacto negativo que podrían tener sobre la ya deteriorada imagen del rey emérito.
Asimismo, se ha mencionado la denominada Operación Persa, que supuestamente buscó silenciar a Bárbara Rey para evitar que hiciera públicas pruebas comprometedores sobre su relación con el rey. Según diversas fuentes, esta operación incluyó pagos secretos para impedir la divulgación de fotos, vídeos y audios que podrían haber dañado significativamente la Monarquía si hubiesen sido filtrados en los años noventa, lo que llevó a los gobiernos de Felipe González y José María Aznar a actuar para contener el escándalo.
Pese a estos intentos de silenciar la historia, la reciente aparición de audios y la posible existencia de más grabaciones mantienen la atención mediática activa, así como la inquietud por sus posibles repercusiones en la estabilidad de la Corona.
