Las tensiones entre la Generalitat y el Gobierno de España han aumentado recientemente debido a la falta de respuesta sobre el Plan Valencia, que contempla una inversión de 12.000 millones de euros para la recuperación de la región tras las inundaciones de octubre. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha insistentemente subrayado que la rehabilitación de Valencia continúa siendo una de las prioridades de su administración, pero las expectativas de financiamiento no se han cumplido.
Mazón ha solicitado una mayor implicación estatal y ha criticado la ausencia de respuesta oficial al plan anunciado por Alberto Núñez Feijóo en enero. Mientras tanto, la Generalitat ha optado por implementar medidas propias para apoyar a los damnificados, aunque estas se realizan con recursos limitados y sin la esperada ayuda del Ejecutivo central.
A este conflicto se suma otro desafío para Mazón: la organización del Congreso del Partido Popular Europeo (PPE) previsto en Valencia para finales de abril. En medio de este contexto, el presidente de la Generalitat ha expresado la posibilidad de que el evento se traslade a Madrid, citando «trabas» impuestas por Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, las cuales están dificultando la logística necesaria para celebrar el congreso en la capital valenciana. Desde el PP, se percibe esta situación como un intento de desprestigiar la gestión de Mazón.
En este complejo escenario, Carlos Mazón se enfrenta a un doble reto: asegurar los fondos requeridos para la recuperación de la Comunidad Valenciana y mantener la sede del Congreso del PPE en su territorio. Los críticos del presidente señalan que podría estar creando un relato de confrontación con el Gobierno para ocultar la falta de avances en otros frentes, mientras que sus defensores insisten en que la necesidad de más recursos estatales es una realidad que no se puede obviar en la lucha por la recuperación y el desarrollo de Valencia.
