En un nuevo giro en la ya enrevesada situación judicial que envuelve a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ha afirmado que la denuncia interpuesta por Alberto González Amador, pareja de la presidenta, contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, continuará su curso. Esta declaración se produce tras la filtración de un correo electrónico que Rodríguez hizo circular, en el que se aludía a presiones sobre González Amador para que se declarara culpable de fraude fiscal.
La controversia se ha intensificado en las redes sociales, donde Rodríguez ha utilizado su plataforma para atacar al gobierno central, encabezado por Pedro Sánchez. La reivindicación de Rodríguez sobre que «el fiscal del sanchismo» será imputado ha generado reacciones diversas, con defensores y críticos debatiendo sobre la legitimidad de sus afirmaciones. La controversia alcanzó un nuevo nivel cuando Óscar López, actual ministro de Transición Digital, respondió a los comentarios de Rodríguez, cuestionando la veracidad de sus acusaciones.
El correo que dio origen a la denuncia de González Amador reveló que, según Rodríguez, la Fiscalía había propuesto un pacto a la pareja de Ayuso. Sin embargo, los hechos parecen ser más complejos. La defensa de González Amador, en realidad, había reconocido aspectos de culpabilidad y buscaba una resolución que evitara una condena más severa, contradiciendo así las afirmaciones de Rodríguez.
En medio de este tumulto, la Fiscalía decidió aclarar su posición mediante un comunicado, indicando que fue la propia pareja de Ayuso quien, en última instancia, propuso el pacto. La situación ha dejado en evidencia no solo las tensiones dentro del ámbito político madrileño, sino también la vulnerabilidad de las figuras públicas frente a acusaciones y filtraciones que pueden distorsionar la realidad de los hechos. La denuncia avanza y la atención se centra ahora en cómo se desarrollarán los acontecimientos en el Tribunal Supremo en el futuro próximo.
