Un activista digital ha denunciado una intensa campaña de desinformación destinada a socavar la resistencia en torno al polémico «Control de Chat 2.0», también conocido como Regulación del Abuso Sexual Infantil (CSAR), mientras se espera la votación del Consejo de la UE. El Ministro de Justicia danés, Peter Hummelgaard, es acusado de utilizar afirmaciones desmentidas para presionar a los ministros del interior de la UE que se muestran reacios a la propuesta.
El proyecto busca detectar material de abuso sexual infantil (CSAM), obligando a servicios de mensajería como WhatsApp, Signal y Telegram a escanear todas las comunicaciones, lo que podría suponer una vigilancia masiva y el fin del cifrado seguro de extremo a extremo. Hummelgaard, al frente de la Presidencia rotativa del Consejo, ha hecho declaraciones erróneas sobre un supuesto rechazo del Parlamento Europeo para extender el actual régimen de escaneo.
El Dr. Patrick Breyer, exmiembro del Parlamento Europeo y defensor de la libertad digital, ha calificado de «mentira descarada» la narrativa del Ministro, subrayando que no ha habido un debate formal sobre el asunto en el Parlamento. Breyer solicita a los gobiernos de la UE, especialmente a Alemania, que no caigan en esta «manipulación flagrante».
A pesar de las afirmaciones del ministro danés de que el escaneo sería «dirigido» y solo como «último recurso», Breyer advierte que las condiciones son tan amplias que prácticamente todos los proveedores de comunicación se verían obligados a escanear todos los mensajes. Además, señala la alta tasa de falsos positivos de la tecnología, que podría afectar a millones de usuarios inocentes y exponer conversaciones privadas a las autoridades.
Una de las aristas más críticas de la propuesta es su hipocresía: el mismo proyecto exime a oficiales de policía y militares del escaneo, lo que, según Breyer, revela su conocimiento sobre la ineficacia y peligrosidad de los algoritmos de vigilancia. «Si las comunicaciones del Estado merecen confidencialidad, también deberían hacerlo las de los ciudadanos», argumenta.
En medio de este contexto, el Consejo de la UE se encuentra profundamente dividido. Desde 2022, una minoría de bloqueo ha resistido la adopción de la propuesta, aunque la situación es crítica y la votación del 14 de octubre dependerá de unos pocos gobiernos indecisos, como Alemania e Italia.
Breyer considera que la propuesta no solo es ineficaz, sino que representa un ataque a la privacidad digital: «No detendrá a los criminales, pero inundará a la policía con informes falsos». El futuro de la privacidad digital en Europa está en juego, y el activista llama a la acción para rechazar esta ley de vigilancia masiva, destacando la urgencia de contactar a los ministerios de interior y justicia de cada país de la UE.
