La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha delineado sus prioridades esenciales para el futuro de la Función Pública en Castilla-La Mancha, destacando la continuidad de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), la negociación de un nuevo acuerdo salarial y el cese de los recortes que han afectado a este sector durante más de doce años.
La preocupación del sindicato se centra particularmente en la viabilidad de Muface, cuyo funcionamiento se encuentra en peligro tras el rechazo de dos aseguradoras a participar en su concierto. Esta situación pone en riesgo la asistencia sanitaria de más de 74.000 empleados públicos en la región, lo que debe resolverse antes del 31 de enero, tal como ha advertido CSIF. Lorenzo Domínguez, presidente del sindicato en la comunidad, ha criticado al Gobierno por llevar la situación a un punto crítico, ignorando un informe de la AIREF que avisa sobre la sostenibilidad del modelo, así como a las aseguradoras, a las que ha instado a no aprovecharse de su posición.
Además, CSIF ha hecho hincapié en la importancia de negociar un nuevo acuerdo salarial, señalando que el actual, que abarca de 2022 a 2024, ha generado una pérdida del poder adquisitivo del 6% para los empleados públicos, cifra que en Castilla-La Mancha se agrava a más del 20% desde 2010. Entre las exigencias, el sindicato demanda la eliminación de la tasa de reposición, asignaciones presupuestarias adicionales para la equiparación salarial entre administraciones, mejoras en las condiciones de jubilación y la regulación de la jubilación parcial, así como la adecuación de los grupos profesionales.
CSIF también ha manifestado su preocupación por la paralización de la carrera profesional y el impago de la productividad variable en la sanidad pública, junto a las restricciones en contrataciones que afectan a incapacidades temporales y jubilaciones. Estas medidas han sido consideradas un «grave recorte», que no solo impacta al sector sanitario, sino también en áreas como residencias de mayores, personal educativo y oficinas agrarias.
El sindicato ha resaltado la falta de refuerzos en las plantillas, lo que compromete la calidad de los servicios públicos, y ha recordado que la eliminación del Plan de Acción Social, implementado por el anterior Gobierno de Cospedal, ha exacerbado la falta de negociación en torno a un aumento salarial dentro de la Mesa General de Función Pública.
Domínguez ha insistido en la necesidad de un compromiso auténtico con los servicios públicos y ha expresado el descontento de los empleados públicos, quienes son esenciales para reducir desigualdades y construir una sociedad más equitativa. Finalmente, CSIF ha criticado la continuidad de las subvenciones otorgadas a los sindicatos CCOO y UGT por parte del Gobierno de García-Page, que han acumulado más de 43,9 millones de euros desde 2014.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
