La reciente reforma legal que busca contabilizar los años de condena cumplidos en Francia por los reclusos de ETA en sus penas en España ha desatado un intenso debate en diferentes sectores de la sociedad. Este anhelo, previamente expresado por los prisioneros de la organización terrorista y sus familias, parece estar más cerca de hacerse realidad tras la divulgación de conversaciones interceptadas entre los encarcelados y Joseba Azkarraga, exconsejero vasco y conocido promotor de Sare, plataforma que defiende los derechos de los presos de ETA.
En un encuentro significativo durante su recorrido por cárceles españolas en 2021, antes de que los reclusos fueran trasladados a prisiones más cercanas al País Vasco y Navarra, Azkarraga dialogó con Jon Bienzobas Arreche, quien cumple condena por el asesinato del ex presidente del Tribunal Constitucional en 1996. En esta conversación, Azkarraga mencionó la necesidad de abordar la falta de cómputo de los años de condena, sugiriendo que ya se estaban llevando a cabo discusiones al respecto en el ámbito político.
Este intercambio pone de manifiesto la aparición de una red de contactos entre representantes del entorno de ETA y el Gobierno, facilitada por figuras como Azkarraga. Las comunicaciones revelan no solo el reconocimiento de los esfuerzos realizados ante el Ministerio del Interior, sino también una relación estrecha con personalidades influyentes en instituciones penitenciarias, como indica un informe de la Guardia Civil que señala a Azkarraga como un posible enlace clave.
A pesar de las ventajas que podría traer esta propuesta legal, que tiene el potencial de reducir las penas de numerosos etarras, ha encontrado una fuerte oposición. En un movimiento estratégico, el Senado decidió devolver el proyecto de ley al Congreso, resaltando un vacío legal que complica su aprobación. Esta decisión, impulsada por el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, ha puesto en riesgo la rápida promulgación de una normativa que se encuentra envuelta en controversias políticas.
Por otro lado, sectores de la sociedad civil y grupos que apoyan a las víctimas del terrorismo miran con preocupación estas negociaciones y propuestas legales, temiendo que establezcan un precedente peligroso. Se cuestiona la ética y el impacto en la memoria colectiva de un país que aún busca sanar las profundas heridas dejadas por las décadas de violencia de ETA. El debate gira en torno a las implicaciones de estas acciones legislativas y el mensaje que se envía acerca de justicia y reparación a las víctimas, reflejando la compleja transición de España hacia la reconciliación y la paz social tras los años de terror.
