A partir del 1 de diciembre de 2023, las empresas medianas en España tendrán la obligación de implementar un canal de denuncias como parte de un esfuerzo por mejorar la transparencia y la ética en el entorno laboral. Este canal permitirá a empleados, clientes, proveedores y otros agentes reportar de forma confidencial conductas inapropiadas, poco éticas o ilegales.
Entre las infracciones que pueden ser reportadas se encuentran la violencia laboral, violaciones éticas, seguridad y salud en el trabajo, incumplimiento de cláusulas del contrato y fraude financiero. La Ley establece que todas las empresas con 50 o más empleados deben disponer de este canal de denuncias para detectar y corregir comportamientos inapropiados.
Los canales de denuncias deben cumplir con requisitos legales como protección de datos y privacidad, garantía de anonimato, cobertura multimedia y archivo seguro. Aunque la obligatoriedad solo aplica a empresas con más de 50 empleados, la implementación de un canal de denuncias puede beneficiar a cualquier empresa al promover un ambiente laboral más seguro, ético y respetuoso, además de brindar feedback valioso y fortalecer la retención de talento.
Aquellas empresas que no cumplan con esta normativa o hagan un uso negligente del canal de denuncias podrán enfrentarse a sanciones que van desde los 100.000 euros hasta el millón de euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. En resumen, la implementación de un canal de denuncias es fundamental para fomentar la transparencia y la ética en las empresas, con beneficios claros tanto para los empleados como para la organización en su conjunto.
