La Guardia Civil ha llevado a cabo una importante operación denominada ‘Bomvoyage’, que ha culminado con la detención de trece individuos y el interrogatorio de otros seis, en el marco de una red criminal internacional acusada de facilitar la migración irregular y explotar laboralmente a sus víctimas. Esta red llevaba a cabo procedimientos fraudulentos de contratación en origen, falsificación de documentos mercantiles, estafas a compañías aseguradoras y fraudes en casos de subvenciones públicas.
La noticia fue dada a conocer en una rueda de prensa en Albacete por Milagros Tolón, delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, y Jesús Manuel Rodrigo, coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete. Según señalaron en un comunicado de prensa, la operación desveló el modo de operar de una banda que trataba de forma inhumana a personas engañadas que buscaban una vida mejor en España, obligándolas a vivir y trabajar en condiciones deplorables.
La investigación comenzó al descubrir posibles irregularidades en la gestión de autorizaciones de residencia y trabajo de una empresa agrícola en Hellín, Albacete. Se constató que el proceso de selección en Senegal y Marruecos estaba manipulado, y que los candidatos habían pagado sumas de dinero importantes para ser seleccionados.
La operación ha destapado más de 300 posibles casos de explotación en los últimos tres años, donde los trabajadores recibían salarios bajos y eran forzados a firmar documentos sin saber su contenido. Además, se ha descubierto que la red inflaba los costos de alojamiento para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta.
La organización contaba con una estructura compleja que incluía captadores en Senegal y Marruecos, gestores de contingentes en España, y facilitadores que ganaban la confianza de las autoridades en esos países. Durante la operación se llevaron a cabo registros en Hellín y Alhama de Murcia, se bloquearon 15 cuentas bancarias, y se incautó una gran cantidad de documentación y materiales.
Se ha trabajado en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Albacete para comprobar la explotación de los migrantes, quienes vivían en condiciones precarias y aislados. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha intervenido para cubrir las necesidades básicas de las víctimas.
Las investigaciones continúan para esclarecer detalles sobre otros contratos fraudulentos en varias provincias y revisar posibles casos de contratación irregular en España. Sindicatos como UGT están colaborando en la búsqueda de justicia y resolución de esta compleja situación.
La Guardia Civil, bajo las órdenes del Juzgado de Instrucción nº 3 de Hellín, ha demostrado una vez más su compromiso en la lucha contra redes criminales que afectan los derechos y dignidad de individuos en busca de una vida digna. Esta operación es un claro mensaje en contra de la explotación y la migración irregular.
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