La decisión judicial de bloquear la aplicación de mensajería Telegram en España ha desatado una polémica sin precedentes. Diversas organizaciones y usuarios han manifestado su indignación ante lo que consideran un ataque directo a la libertad de expresión.
Expertos jurídicos y asociaciones de derecho digital han calificado la medida como «desproporcionada» y «sin sentido». Borja Adsuara, destacado experto en derecho digital, ha señalado que el cierre cautelar de Telegram no tiene justificación dentro del marco legal español, ya que el artículo 141 de la Ley de Protección Intelectual se aplica exclusivamente a casos de piratería.
Ante la falta de una respuesta firme por parte de la oposición política, la sociedad civil y creadores de contenido en la aplicación han comenzado a organizar una respuesta colectiva contra lo que consideran un «atropello criminal». La pregunta que surge es por qué la oposición no logra articular una postura clara frente a un tema tan fundamental como la libertad de expresión.
Mientras tanto, los usuarios de Telegram buscan formas de sortear el bloqueo y mantener abiertos los canales de comunicación. El esfuerzo colectivo por defender la libertad de expresión demuestra un compromiso que parece superar la capacidad de reacción de la esfera política.
La sociedad civil se muestra dispuesta a luchar contra la censura y a hacer oír sus voces hasta las elecciones europeas del 9 de junio, fecha en la que esperan que la situación se resuelva de manera favorable.
