Esther Padilla, la portavoz del Gobierno regional, ha salido en defensa de la prórroga del proyecto de Ley de Integridad en Castilla-La Mancha, asegurando que esta establece el sistema de incompatibilidades más severo de España. La propuesta será sometida a votación este jueves en las Cortes regionales, en medio de un intenso debate político.
Durante una rueda de prensa convocada para informar sobre los acuerdos ratificados por el Consejo de Gobierno, Padilla ha abordado las objeciones que ha suscitado la propuesta de Ley, especialmente las emitidas por el partido político Vox. Ante estas críticas, la vocera ha instado a los afiliados a «leer todo» para comprender la extensión completa de la normativa y las implicaciones que tiene.
La portavoz ha destacado que la iniciativa legal no solo limita de manera significativa las oportunidades laborales futuras de los ex altos funcionarios gubernamentales en empresas o entidades con las que hayan mantenido relaciones previas durante su mandato, sino que también impone sanciones para las empresas que los contraten. Este enfoque busca asegurar la transparencia y la integridad en el ejercicio público.
No obstante, Padilla ha hecho hincapié en la importancia de encontrar un equilibrio entre la integridad en el ejercicio público y la necesidad de reintegración en el mercado laboral. En este sentido, la ley contempla la situación de los diputados, quienes no tienen derecho a percibir subsidio por desempleo, como una medida para promover la responsabilidad pública en el ámbito legislativo.
La portavoz ha anunciado que el debate del jueves será una oportunidad para discutir en profundidad la ley y escuchar todas las posiciones al respecto. Recordó que la Ley de Integridad es fruto de un acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y el PSOE en las Cortes regionales, lo que demuestra un consenso político en torno a la necesidad de fortalecer la ética y la transparencia en la función pública.
En resumen, la Ley de Integridad de Castilla-La Mancha ha generado un intenso debate político en la región, pero Padilla asegura que esta normativa posee el régimen de incompatibilidades más estricto de España y busca fortalecer la ética y la transparencia en el ejercicio público. El resultado de la votación en las Cortes regionales determinará el futuro de esta iniciativa legal que pretende marcar un hito en la lucha contra la corrupción y el nepotismo en la administración pública.
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