El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su firme decisión de llevar al Tribunal Constitucional el real decreto ley que regula el reparto de menores migrantes no acompañados, el cual fue convalidado en el Congreso de los Diputados el pasado jueves. Durante su intervención en el ciclo ‘Vecinos y amigos’ del Heraldo de Aragón, García-Page subrayó que su Gobierno está desarrollando un informe jurídico que respaldará esta acción.
El mandatario regional calificó este decreto de “drama” y “atropello lamentable”, resaltando que la norma recién aprobada representa una “barbaridad” en lo que respecta a la solución del problema que enfrentan los menores migrantes. Considera que la ratificación del decreto es una “treta” del Estado que impone a las comunidades autónomas un modelo de “solidaridad obligada”, algo que él considera inapropiado, afirmando que la solidaridad debería ser voluntaria y no impuesta.
García-Page lamentó que las comunidades autónomas se vean forzadas a cumplir con un cupo que abarca no solo a los menores de Canarias, sino también a aquellos que se encuentren en situación de sobresaturación en otras partes del país. Además, criticó el contexto en el que se ha llegado a este acuerdo, calificándolo de “inflamación dialéctica”, y subrayó que la redistribución de menores se está realizando sin las conversaciones necesarias con las autonomías. Igualmente, señaló que el Estado no ha aportado recursos económicos para llevar a cabo esta política.
El presidente también recordó que la redistribución de menores desde Canarias, y en ocasiones desde Andalucía, había sido gestionada anteriormente a través de acuerdos. Reiteró que el verdadero problema no radica en los menores, sino en aquellos que utilizan su situación para fines políticos.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
