El presidente de la Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, ha manifestado su preocupación por la situación actual del diálogo social, señalando la falta de conexión entre las contribuciones de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las acciones del Ministerio de Trabajo. A pesar de que las pymes representan el 99% del tejido empresarial en España, Nicolás siente que sus aportaciones no están siendo tomadas en cuenta.
Desde Albacete, Nicolás ha reflexionado sobre las recientes negociaciones en torno a la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, ha destacado que en Castilla-La Mancha, bajo el gobierno socialista, existe una colaboración efectiva entre los agentes sociales. Según él, esta cooperación busca alcanzar acuerdos que beneficien a los trabajadores, algo que la región ha demostrado con éxito.
Al referirse a los diversos planes acordados en conjunto con sindicatos, empresarios y el gobierno, Nicolás ha señalado las discrepancias dentro de prácticas de gobiernos del mismo partido, calificándolas de «absolutamente contrarias». Ha resaltado la capacidad de la comunidad autónoma para llegar a acuerdos bajo el liderazgo de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, valorando dicha colaboración como una de las infraestructuras más sólidas y económicas.
Nicolás ha instado a escuchar a las pymes y a evitar gobernar en desacuerdo con la mayoría del tejido empresarial, advirtiendo que los acuerdos que se alcancen al margen de la interlocución con la patronal podrían resultar inútiles a corto plazo. Ha pedido una menor presión sobre las pymes, que según él están agobiadas y sobrecargadas con un exceso de regulaciones, llegando a más de 206,000 normas que deben cumplir.
Finalmente, ha subrayado la eficacia de las pymes para llegar a acuerdos beneficiosos con los sindicatos, algo que encuentra más difícil de lograr en las discusiones con el gobierno, a pesar de tener problemáticas en común. Este descontento pone de manifiesto un claro desafío en las dinámicas del diálogo social entre las autoridades gubernamentales y el sector empresarial a nivel autonómico y nacional.
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