Pedro Sánchez se enfrentó a un día crítico en el Congreso, marcado por el peso del caso Cerdán y la presentación de un ambicioso plan anticorrupción que ha generado divisiones significativas. Tras ser recibido con críticas y tensiones internas, el presidente defendió su propuesta, considerada por él como el mayor impulso contra la corrupción en décadas. «Tirar la toalla nunca es una opción», afirmó en un ambiente marcado por el escepticismo de la oposición.
La estrategia, desarrollada en colaboración con la OCDE y Sumar, se articula en cinco ejes fundamentales: prevención, protección a denunciantes, justicia acelerada, sanciones contundentes y cultura de integridad. Este paquete abarca todas las áreas del poder, incluyendo la administración, las empresas y los partidos, y Sánchez se comprometió a cumplir «hasta la última palabra».
La primera parte del plan se centra en la prevención mediante la incorporación de tecnología. Propondrá la creación de una Agencia de Integridad independiente, así como el uso de algoritmos para auditar contratos públicos. Además, se establecerán auditorías externas obligatorias para partidos y fundaciones que reciban subvenciones superiores a 50.000 euros. Se impondrán también sistemas de compliance a las empresas que deseen acceder a contratos públicos y se realizarán controles patrimoniales aleatorios a altos cargos, con el fin de detectar patrones sospechosos.
El plan también incluye medidas para proteger a quienes denuncian irregularidades. Se garantizarán canales de denuncia internos, se asegurará el anonimato y se ofrecerá asistencia jurídica a quienes expongan actos de corrupción. «Nadie debería pagar un precio por ser honesto», subrayó el presidente, apuntando a recientes casos de represalias contra los denunciantes.
Otro de los pilares del plan es la creación de tribunales especializados en anticorrupción, una medida que busca agilizar los juicios para cargos públicos a través de procesos rápidos. Se busca así combatir la percepción de impunidad que afecta a las instituciones, además de duplicar los plazos de prescripción y endurecer las penas.
El plan también considera medidas drásticas como la prohibición de contratos públicos a empresas condenadas por corrupción y multas proporcionales a sus ingresos. Entre las propuestas más controvertidas se encuentra el decomiso administrativo preventivo, que permitiría la incautación de bienes presuntamente robados sin necesidad de esperar una sentencia firme.
Más allá de lo legal, el Gobierno se propone transformar mentalidades a través de encuestas anuales, campañas educativas y formación ética para funcionarios, promoviendo así una cultura de integridad. La OCDE auditará los progresos, un respaldo que Sánchez utilizará para contrarrestar las críticas.
Celebrado por el PSOE como un plan «histórico», la oposición se mostró escéptica. Vox abandonó el pleno, mientras que el PP lo descalificó como un «maquillaje legislativo». Alberto Núñez Feijóo cuestionó la efectividad del plan al afirmar: «No se combate el fuego con anuncios».
Sánchez concluyó su intervención con un mensaje a la ciudadanía: «Este es el principio, no el final». Sin embargo, en los pasillos del Congreso se reconoció que la credibilidad de esta promesa dependerá de la acción concreta en el futuro.
