La Fiscalía ha solicitado una condena de diez años de prisión para F.A.R.H., quien se enfrenta a acusaciones de agresión sexual hacia su expareja. El juicio está programado para el próximo jueves 10 de julio en la Audiencia Provincial de Cuenca. Este caso se remonta a tres años después de la ruptura de la relación entre el acusado y la supuesta víctima, con quien tuvo tres hijos.
De acuerdo con el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, F.A.R.H. y la víctima mantuvieron una relación durante varios años, y aunque decidieron de manera mutua terminar la convivencia en 2016, continuaron teniendo encuentros esporádicos sin volver a residir juntos.
Los hechos denunciados ocurrieron alrededor de las 6:00 horas del 14 de julio de 2019, cuando el acusado se presentó de forma inesperada en el hogar de la mujer, expresando su deseo de hablar con ella. Sin embargo, una vez dentro, adoptó una actitud violenta, reclamándole que no compartiera detalles de su vida personal y comenzando a romper objetos del hogar, incluyendo el cristal de una puerta.
Esta confrontación generó un estado de temor en la víctima, quien, según la acusación, ya había sufrido agresiones físicas previas por parte de F.A.R.H., quien había sido condenado anteriormente a ocho años de prisión por delitos similares.
Más adelante, F.A.R.H. obligó a la víctima a trasladarse a la parte superior de la vivienda, donde la sometió físicamente en una de las habitaciones, forzándola a mantener relaciones sexuales en múltiples ocasiones, a pesar de sus intentos de resistirse.
La Fiscalía sostiene que los actos descritos constituyen un delito de agresión sexual, conforme a los artículos 179 y 178 del Código Penal, enmarcado en la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la Ley del Solo Sí es Sí. Esta normativa se interpreta en favor del afectado, en línea con los principios del Derecho.
Además de la pena de prisión, la Fiscalía ha solicitado que se consideren circunstancias agravantes de parentesco y género, pidiendo también una orden de alejamiento de once años, libertad vigilada durante una década y la prohibición de que el acusado trabaje con menores por un período de veinte años. Asimismo, se reclama una indemnización de 6.000 euros por daños morales en favor de la víctima.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
