El presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un ambicioso plan destinado a abordar la crisis del acceso a la vivienda en España, incluyendo la creación de una empresa pública para gestionar viviendas sociales, deducciones fiscales para alquileres asequibles y un mayor control sobre las viviendas turísticas. Durante su intervención, Sánchez explicó que la nueva Empresa Pública de Vivienda será fundamental en la construcción y gestión de propiedades destinadas al alquiler social, junto con la posibilidad de transferir activos de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) con el fin de aumentar el parque público de viviendas y garantizar precios razonables.
Las propuestas tienen un fuerte enfoque en los sectores más vulnerables, ofreciendo soluciones concretas a problemas estructurales que han dificultado el acceso a la vivienda. «Es necesario equilibrar el mercado inmobiliario y reforzar el compromiso social con los derechos habitacionales», afirmó el presidente, aludiendo a la importancia de estas medidas en el contexto socioeconómico actual.
El plan también incluye incentivos fiscales, como deducciones en el IRPF, para propietarios que ofrezcan alquileres por debajo de un índice oficial. Asimismo, se implementarán avales públicos al estilo del modelo francés para facilitar el acceso al alquiler, mientras se establece una tributación del 21% en IVA para plataformas de alquiler turístico, como Airbnb, buscando combatir la especulación y priorizar el alquiler de largo plazo.
La rehabilitación de viviendas vacías se presenta como otra de las iniciativas destacadas, con el objetivo de aumentar la oferta en el mercado hasta hacerla más accesible. Además, se protegerán las viviendas de promoción pública, garantizando que no sean adquiridas por fondos de inversión, y se implementará un recargo fiscal para compradores extranjeros no residentes en la Unión Europea.
Esta estrategia integral busca establecer un marco sólido que permita abordar la crisis habitacional en el país. Con un enfoque que combina la vivienda pública, la regulación fiscal y medidas contra la especulación inmobiliaria, el Gobierno de Sánchez apuesta por asegurar el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos. La efectividad de estas propuestas será fundamental para evaluar su impacto en la mejora del acceso a la vivienda y la estabilidad del mercado inmobiliario en España.
