España ha estado publicando contratos menores en portales oficiales durante varios años, pero la consulta de esta información sigue siendo una tarea complicada para muchos ciudadanos. Las plataformas varían en formato según la administración y algunas presentan limitaciones técnicas que dificultan las búsquedas. Además, es común que los datos estén incompletos o contengan errores. En este contexto, ha surgido Contratación Abierta, una nueva herramienta destinada a simplificar la revisión de la contratación pública “menor”.
Esta iniciativa, accesible a través de su sitio web, se ha desarrollado con el objetivo de transformar un ecosistema disperso en una base de datos que sea tanto consultable como comprensible. Aunque las administraciones tienen la obligación de publicar los contratos menores, no tienen que hacerlo de manera accesible. Contratación Abierta busca llenar este vacío, proporcionando un único punto de acceso para explorar contratos, organismos y adjudicatarios, evitando la necesidad de navegar entre múltiples sitios web y facilitar la obtención de datos.
En su lanzamiento, la plataforma ya cuenta con más de 7,5 millones de contratos menores desde 2018, lo que representa un volumen total de más de 41,1 mil millones de euros. También indexa cerca de 12.000 organismos públicos de diversas administraciones y recoge datos de más de 443.000 empresas adjudicatarias. Este enfoque permite a los usuarios mover de manera eficiente desde una cifra global a un contrato específico en pocos clics, un paso fundamental para que la información pública sea verdaderamente fiscalizable.
El diseño de Contratación Abierta se estructura en tres secciones principales: la posibilidad de explorar contratos menores, un directorio de organismos públicos y un apartado para consultar el historial de adjudicatarios. Cada contrato se presenta con información relevante, como el órgano de contratación, adjudicatario, importes y estados de los expedientes, facilitando de esta manera el análisis y detección de patrones en la contratación pública.
Una de las herramientas más destacadas es un filtro que identifica contratos que se encuentran “cerca del límite legal”. Esta función permite que se resalten aquellos contratos que alcanzan el 90% o más de los umbrales establecidos: 36.000 euros para obras y 13.500 euros para servicios y suministros (sin IVA). Aunque un contrato próximo al límite no se considera irregular por sí mismo, este filtro resulta útil para priorizar revisiones y ayudar a periodistas y ciudadanos en el análisis de los contratos.
Los datos en Contratación Abierta provienen actualmente de la Plataforma de Contratación del Estado, la Comunidad de Madrid y el País Vasco. La inclusión de más administraciones es un trabajo en progreso, que enfrenta el desafío de la heterogeneidad de los datos, ya que el mismo contrato puede aparecer con diferentes descripciones en distintos portales. Esto requiere un esfuerzo considerable en términos de ingeniería y limpieza de datos para asegurar la precisión y homogeneidad.
Más allá del acceso a los números, Contratación Abierta se inserta en una conversación más amplia sobre los derechos ciudadanos y la importancia de la transparencia en la gestión del dinero público. La iniciativa reconoce que, si bien la publicación de datos es un primer paso, no se puede considerar suficiente si no se acompaña de una presentación que facilite su comprensión y uso.
La plataforma también informa sobre el uso de cookies analíticas para medir su tráfico y, por ley, requiere mostrar un banner de consentimiento. Además, ofrece la opción de apoyar la iniciativa con contribuciones que ayuden a cubrir costos operativos; un reconocimiento del esfuerzo que implica mantener y actualizar una base de datos de tal envergadura.
Contratación Abierta representa un avance hacia una mayor transparencia, tomando en cuenta que el acceso a la información pública es real solo si se presenta de manera utilizable. Si se logra ampliar y diversificar las fuentes de datos, esta herramienta podría convertirse en un recurso vital para la supervisión de contratos menores y análisis del gasto público, empoderando así a más ciudadanos en la fiscalización de la gestión del dinero común.
