Desde la noche del 31 de diciembre, un evento masivo conocido como rave se está llevando a cabo en las inmediaciones del aeropuerto de Ciudad Real, al que asisten aproximadamente 5.000 personas, según informes de la Policía Nacional. Este evento ha captado la atención de la provincia, ya que en años anteriores se había celebrado en otras localidades como Murcia y Granada.
El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha indicado que los asistentes han llegado en más de 1.500 vehículos, entre los que predominan las furgonetas camperizadas y autocaravanas. Para garantizar la seguridad durante este macroevento, se ha establecido un amplio dispositivo que incluye 170 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, con la finalidad de que la rave transcurra de la manera más tranquila posible.
Además, Broceño ha confirmado el refuerzo de seguridad mediante la llegada de una unidad de la Unidad de Intervención Policial (UIP) procedente de Madrid, así como diversas dotaciones de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaría de Toledo. Es relevante mencionar que este evento no cuenta con la autorización oficial correspondiente, lo que ha suscitado una gran controversia en la región.
Los organizadores han instalado equipos de sonido y estructuras improvisadas en el amplio espacio del aeropuerto, que se encuentra desocupado. A pesar del elevado número de participantes, hasta el momento no se planea el desalojo de los asistentes, ya que una evacuación con 5.000 personas podría ser una tarea complicada. Broceño ha señalado que se tomarán acciones si se recibe alguna orden judicial, aunque la prioridad sigue siendo mantener la tranquilidad durante la celebración.
En cuanto a la duración de la rave, el subdelegado estima que podría extenderse entre seis y siete días, basándose en experiencias anteriores. Por otra parte, la empresa operadora del aeropuerto, Ciudad Real International Airport (CRIA), ha presentado una denuncia contra los organizadores por ocupación ilegal de su suelo. Esta denuncia está en proceso de investigación y se espera que sea trasladada a los juzgados en un plazo de 72 horas.
Finalmente, las autoridades no descartan imponer sanciones administrativas tanto a los organizadores del evento como a los asistentes. Además, se destaca que tanto la Junta como el Ayuntamiento de Ciudad Real podrían actuar conforme a sus competencias en este asunto.
vía: Diario de Castilla-La Mancha