Las Cortes de Castilla-La Mancha protagonizaron un intenso debate este jueves durante su sesión plenaria en torno a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Vox, vinculada al Proyecto de Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa del Gobierno regional. La iniciativa de Vox, que buscaba rechazar el proyecto, no logró avanzar debido a la oposición del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Luis Juan Blázquez, diputado de Vox, defendió la enmienda argumentando que el proyecto es «una iniciativa legislativa mala para Castilla-La Mancha». Blázquez criticó el contenido del proyecto, sugiriendo que detrás de su aparente tecnicidad se esconde una «maniobra política de privatización encubierta». En este sentido, expresó sus preocupaciones sobre la creación de «entidades colaboradoras» que llevarían a cabo funciones que, según él, deberían ser realizadas por funcionarios públicos, lo que podría resultar en un debilitamiento del empleo público y en la formación de redes clientelares. Afirmó que este proyecto representa un «atentado a la seguridad jurídica», además de ser un retroceso en los derechos de los ciudadanos y en la transparencia administrativa.
El diputado también criticó la falta de medidas concretas para mejorar la agilidad administrativa, señalando que «no se reducen plazos, ni se definen procedimientos más ágiles, ni se fortalecen los medios públicos», lo que, a su juicio, demuestra una carencia de soluciones ante la «telaraña burocrática» vigente.
En respuesta, José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente primero de la Junta, defendió el proyecto del Gobierno, resaltando su objetivo de establecer una administración «más moderna, dinámica, digitalizada y accesible» para los ciudadanos. Guijarro mencionó la implementación del silencio administrativo positivo, la creación de un espacio digital para acceder a los servicios, y la regulación del uso de la inteligencia artificial en los procedimientos administrativos. También descalificó las acusaciones de privatización, insistiendo en que el proyecto no contempla «privatizar nada» y que el modelo de colaboración es completamente voluntario.
Por su parte, Santiago Serrano, portavoz adjunto del PP, se opuso a la enmienda de Vox, defendiendo la necesidad de la ley, aunque reconociendo desacuerdos que podrían ser abordados con enmiendas parciales. Propuso, además, evitar un «repago» a las entidades colaboradoras para no crear una «administración a dos velocidades».
Ángel Tomás Godoy, diputado del PSOE, también se manifestó en contra de la enmienda de Vox, destacando que el proyecto de ley responde a una demanda tanto de ciudadanos como de empresarios, al tiempo que respeta las funciones de los funcionarios públicos. Godoy rechazó la insinuación de que las entidades colaboradoras asumirían funciones propias de los funcionarios y solicitó la retirada de la enmienda presentada por Vox.
Con el debate concluido, el futuro del Proyecto de Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa de la Junta dependerá de las enmiendas parciales que puedan ser presentadas en las próximas sesiones.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
