En la última sesión del pleno de las Cortes autonómicas, el debate se centró en las diferencias salariales que existen entre los trabajadores de servicios sociales de atención primaria en las entidades locales y aquellos que forman parte de la Junta de Castilla-La Mancha. Esta problemática ha generado críticas tanto por parte del Partido Popular (PP) como de Vox hacia el Gobierno regional, mientras que los socialistas han defendido su postura, argumentando que son los propios ayuntamientos quienes establecen las relaciones contractuales y salariales.
El diputado de Vox, Luis Juan Blázquez, fue quien abrió el debate al señalar que la disparidad salarial puede alcanzar hasta mil euros al mes entre los trabajadores de la Junta y los de los ayuntamientos, a pesar de que ambos grupos desempeñan funciones similares y tienen la misma categoría profesional. Blázquez calificó esta situación como una «injusticia» y subrayó que representa una «precariedad laboral» que ha persistido durante más de 15 años. Además, hizo hincapié en que los salarios no han sido revisados desde 2010 y que muchos de estos profesionales están percibiendo remuneraciones cercanas al Salario Mínimo Interprofesional.
Vox presentó una resolución que pretendía desmontar el sistema autonómico, eliminar duplicidades administrativas y aumentar el gasto en servicios sociales, pero esta iniciativa fue rechazada por la mayoría de los parlamentarios. Por su parte, el diputado del PP, José Antonio Martín-Buro, insistió en que la equiparación salarial es «fácilmente entendible» y mencionó que los trabajadores de servicios sociales han experimentado una pérdida de ingresos de casi 1.400 euros anuales entre 2009 y 2023, coincidiendo con un aumento del IPC del 35,8% en el mismo período.
Martín-Buro abogó por un plan director que modernice los servicios sociales, aunque su resolución también fue desestimada. En contraposición, el diputado socialista Pablo Camacho criticó a PP y Vox, sugiriendo que su interés en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores sociales es, en realidad, una estrategia política. Camacho recordó que la responsabilidad sobre las relaciones laborales recae en los ayuntamientos, quienes están encargados de firmar los contratos y establecer las condiciones salariales correspondientes.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, fue la encargada de cerrar el debate, afirmando que aunque existen aspectos que pueden ser mejorados dentro del sistema de servicios sociales, se ha estado trabajando en la recuperación y adaptación de las plantillas a las nuevas necesidades sociales. García Torijano destacó que, en los últimos años, se ha incrementado el número de profesionales en el sector y se han hecho esfuerzos para mejorar salarios y condiciones laborales, aunque admitió que aún queda camino por recorrer para reducir la brecha salarial existente.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
