Este jueves, el Parlamento regional se convirtió en el escenario de un intenso debate sobre la urgente necesidad de un Plan Nacional del Agua. Los partidos de la oposición, Vox y el Partido Popular (PP), exigieron la implementación de infraestructuras hídricas que aseguren el suministro de agua en Castilla-La Mancha. Sin embargo, la respuesta del Gobierno regional fue negativa, argumentando que no apoyarán esta iniciativa para evitar que la región «siga perdiendo».
David Moreno, presidente del Grupo Parlamentario Vox, defendió la creación de un Plan Nacional del Agua que contemple la construcción de nuevos embalses y un sistema integrado de agua que conecte todas las cuencas del país. Según Moreno, «agua hay» y su propuesta busca acumular y distribuir el agua de manera más eficiente, especialmente en épocas de abundantes lluvias. Advirtió que la falta de este plan podría resultar en los mismos recortes y restricciones de agua que han afectado a la región en años anteriores.
Por su parte, el diputado del PP, Santiago Lucas-Torres, sumó su apoyo al Plan Nacional de Agua, destacando la necesidad de establecer criterios de solidaridad entre diversas comunidades autónomas y de cumplir con los caudales ecológicos dictados por el Tribunal Supremo. Lucas-Torres subrayó la histórica falta de inversiones en Castilla-La Mancha, señalando que de los 679 millones de euros prometidos en ocho años, solo se han ejecutado 243 millones.
Ambos partidos coincidieron en criticar al PSOE, a quien acusan de no respaldar un plan que, según sostienen, beneficiaría a la región. Lucas-Torres afirmó que Castilla-La Mancha no puede seguir siendo «una tierra que da sin recibir» y exigió una mayor equidad en la distribución de recursos hídricos.
El diputado socialista Francisco José Barato no solo rebatió las propuestas de Vox y PP, sino que también subrayó la importancia de garantizar agua de calidad para la población y de preservar los ecosistemas. Barato acusó a la oposición de no enfocarse en el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo y los instó a unirse a la campaña “Justicia para el Tajo”, asegurando que los socialistas están comprometidos con la mejora de las infraestructuras en la región.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, defendió la postura del Gobierno regional, explicando que el enfoque del Ejecutivo se basa en cumplir con las planificaciones hidrológicas de cuenca existentes y en asegurar que las demandas de agua reflejen las verdaderas necesidades de la región. Además, destacó que en la última década se han movilizado más de 995 millones de euros en inversiones hidráulicas.
Al final del debate, la propuesta del PSOE fue aprobada gracias a su mayoría, mientras que las iniciativas de Vox y PP fueron rechazadas. Este intercambio pone de manifiesto la polarización en torno a la gestión del agua en Castilla-La Mancha y la urgente necesidad de encontrar soluciones adecuadas para garantizar su suministro en el futuro.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
