En un clima tenso durante la celebración de la Fiesta Nacional en el Palacio Real, Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), protagonizó un enfrentamiento con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La confrontación surgió en el contexto de la controversia generada por una enmienda al proyecto de ley sobre antecedentes penales, la cual, según Araluce, podría facilitar la liberación anticipada de 44 presos vinculados a la banda terrorista ETA.
Araluce calificó la situación como «lamentable» y lanzó un urgente llamado a Sánchez, instándolo a reconsiderar su postura: «Tiene hasta mañana para dar marcha atrás». A pesar de su firme demanda, el presidente optó por el silencio y no respondió al ultimátum planteado, que exigía que los prisioneros cumplieran con sus penas completas antes de la aprobación definitiva de la ley en el Senado, programada para el próximo lunes.
La polémica en cuestión se centra en la necesidad del Gobierno de adaptar la legislación nacional a una normativa europea sobre antecedentes penales. Esta reforma, que incluye una enmienda propuesta por el partido Sumar, recibió sorprendentemente el apoyo accidental de PP y Vox durante su discusión en el Congreso, desencadenando un intenso debate tanto político como social.
Para complicar aún más la situación, ha surgido una imagen de Félix Bolaños en conversaciones con la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, lo que ha avivado las dudas respecto a los posible pactos y negociaciones que han impulsado esta reforma legislativa.
El Gobierno se encuentra así ante un escenario delicado, recibiendo críticas no solo de partidos opositores, sino también de organizaciones de víctimas del terrorismo que consideran que la enmienda es una grave ofensa a la memoria de las víctimas y un riesgo para la justicia. Con el tiempo jugando en su contra, las próximas horas serán decisivas para determinar si el ejecutivo cede ante las exigencias de la AVT o continúa con el proceso legislativo tal como está planteado.
