En el Congreso de los Diputados en Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado a conocer un ambicioso Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, en medio de un escándalo que involucra a los últimos secretarios de organización del Partido Socialista Obrero Español. Durante su intervención, Sánchez no solo pidió disculpas a la ciudadanía, sino que asumió parte de la responsabilidad por nombrar a estos implicados, reafirmando su compromiso de ser un político «limpio» y su determinación de no rendirse ante la adversidad.
El plan, que ha sido concebido en colaboración con el Departamento de Anticorrupción de la OCDE, se estructura en cinco ejes compuestos por 15 medidas específicas. Uno de los puntos destacados es la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, que se encargará de la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas. Este eje también contempla la aplicación de inteligencia artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público para identificar indicios de corrupción y establecer controles de cumplimiento para empresas que deseen contratar con la Administración.
El segundo eje pone especial énfasis en la protección de denunciantes. El presidente subrayó la importancia de respaldar a quienes informan sobre posibles actos de corrupción y propuso garantizar la confidencialidad y protección de aquellos que se dirijan a la Fiscalía o a la policía para denunciar irregularidades. Además, se prevé establecer canales internos de denuncia en empresas y en todas las Administraciones Públicas.
Las medidas del tercer eje están orientadas a reforzar la capacidad del Estado en la investigación y sanción de delitos de corrupción. Esto incluye la creación de secciones especializadas en los tribunales para tratar delitos contra la Administración Pública y el endurecimiento de las penas en el Código Penal. Sánchez destacó la necesidad de perseguir tanto a los corruptos como a sus cómplices, anunciando la creación de una «lista negra» que impida a las empresas condenadas por corrupción seguir contratando con el Gobierno.
Por último, el cuarto y quinto eje del plan se centran en la recuperación de bienes vinculados a actos de corrupción y en la promoción de una cultura de integridad. Se ampliarán los recursos de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y se introducirán mecanismos que permitan el decomiso administrativo de bienes sin requerir condena previa.
El presidente concluyó su intervención anunciando que se implementará un sistema de evaluación para medir el progreso de estas medidas en los próximos 12 y 24 meses, reafirmando su compromiso de combatir la corrupción con acciones concretas que fortalezcan la democracia y protejan las instituciones.
