En 2025, el debate sobre el uso de redes sociales por menores ha alcanzado un punto crítico, impulsado por preocupaciones sobre la salud mental, la privacidad y el desarrollo social de los jóvenes. La reciente decisión del gobierno australiano de prohibir el acceso a YouTube para menores de 16 años se une a la implementación de nuevas medidas de protección infantil por parte de Meta para Instagram, reabriendo el debate sobre cómo gestionar el uso de estas plataformas por parte de la infancia.
El gobierno australiano, en un esfuerzo por proteger la salud mental de los adolescentes, ha decidido que, a partir de diciembre de 2025, YouTube se sumará a otras redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram en la lista de plataformas prohibidas para menores. Esta acción se basa en preocupaciones de que un 37% de los jóvenes identifican contenido nocivo en YouTube, el porcentaje más alto entre todas las redes analizadas. El primer ministro Anthony Albanese argumenta que esta decisión es esencial para resguardar a la juventud, dado que tres de cada cuatro adolescentes de 13 a 15 años usan regularmente la plataforma.
Por otro lado, Meta ha tomado un enfoque diferente al reforzar la gestión responsable del uso de redes por parte de menores en Instagram. La empresa ha implementado medidas, incluyendo avisos de seguridad en mensajes directos y bloqueos de cuentas sospechosas. En junio, más de un millón de cuentas fueron bloqueadas por adolescentes tras recibir advertencias de seguridad, y casi todas las cuentas juveniles mantuvieron activadas las protecciones contra contenido no deseado.
El dilema entre prohibir o gestionar el uso de redes sociales es complejo. Mientras que la prohibición puede ofrecer una solución rápida, no aborda la raíz del problema, que es la falta de alfabetización digital y emocional. Expertos advierten que prohibir sin educar puede aumentar la curiosidad de los jóvenes sin proporcionarles herramientas para gestionar su exploración.
Por lo tanto, surge la idea de una «tercera vía», que combine regulación pública, tecnología responsable y educación digital. Esto no sólo implica establecer restricciones de edad, sino también crear versiones adaptadas de redes sociales con entornos más seguros y algoritmos menos agresivos. Asimismo, se reconoce la importancia de involucrar a padres, educadores y legisladores en este proceso.
El acceso de los menores a redes sociales no puede tratarse como un problema aislado, sino como un asunto de diseño social, ético y tecnológico. La clave radica en una gestión realmente responsable que garantice un desarrollo saludable para niños y adolescentes en un mundo digital en constante evolución. Esta es una cuestión que requiere atención y acción conjunta de todas las partes involucradas.
