Toledo ha sido el escenario de un importante avance en la atención a personas con enfermedad mental que se encuentran en proceso o riesgo de judicialización. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray Chacón, han rubricado un protocolo general de colaboración que establece los mecanismos necesarios para coordinar las actuaciones entre ambas instituciones.
Este acuerdo busca formalizar la cooperación entre la Consejería de Sanidad y el Tribunal Superior de Justicia con el fin de ofrecer una atención adecuada a aquellas personas que, debido a su estado mental, han tenido contacto con el sistema judicial o que están en riesgo de cometer un delito. Desde el año 2013, ambas entidades han trabajado juntas a través de las Comisiones de Análisis de Casos, un modelo de coordinación que involucra a profesionales del ámbito judicial, administrativo, sanitario y a asociaciones de pacientes.
Estas comisiones se encargan de analizar casos concretos, compartir información, desarrollar estrategias de intervención, realizar seguimientos y, siempre que sea posible, resolver situaciones planteadas, así como identificar las carencias del sistema de atención existente. Además, el nuevo protocolo fomenta la comunicación entre ambas administraciones a través del intercambio de recursos para mejorar la atención a las personas que presentan enfermedades mentales, discapacidades intelectuales o adicciones.
Otro de los fines del pacto es crear un trabajo conjunto que favorezca la integración social de quienes, debido a sus trastornos, se encuentran en el ámbito judicial. También contempla la implementación de estrategias preventivas para minimizar el riesgo de judicialización, enfocándose en la detección temprana y en la adecuación de programas de tratamiento y recursos asistenciales.
Por último, el protocolo prevé la elaboración de normativas conjuntas, de las cuales destaca la que busca mejorar la reinserción social de las personas con enfermedad mental que hayan cumplido su condena y facilitar su seguimiento en la comunidad. A su vez, se pretende dar a conocer la existencia de las Comisiones entre los profesionales de las Administraciones para que un mayor número de casos sea evaluado, optimizando así la atención integral de las personas afectadas.
Este acuerdo representa un paso significativo en la atención y el apoyo a una población vulnerable, reafirmando el compromiso de Castilla-La Mancha con la salud mental y la justicia social.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
