El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso importante en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género que forman parte del personal empleado público de la Junta de Comunidades. Con la implementación de un nuevo protocolo a partir del 30 de julio, se pretende garantizar una protección más efectiva y específica a este colectivo.
Esta medida convierte a Castilla-La Mancha en una de las comunidades pioneras en adoptar una política integral en protección de empleadas públicas en situaciones de violencia de género, junto con Galicia. A diferencia de otros entes públicos que cuentan con protocolos más generales, la comunidad ha optado por un enfoque más detallado y exhaustivo.
El protocolo unifica estrategias de prevención y protección ya existentes, abarcando derechos laborales, permisos, conciliación de la vida laboral y familiar, y opciones como el teletrabajo. Además, contempla actuaciones concretas en áreas como la movilidad interna e interadministrativa, gestión de personal, procesos de selección y promoción interna, y acceso al lugar de empleo.
Un punto destacado de esta medida es la creación de una plataforma en el Portal del Empleado/a, donde las usuarias podrán solicitar las distintas medidas de protección de forma electrónica. Este espacio garantiza confidencialidad y seguridad en el manejo de datos personales, ofreciendo una guía clara y accesible para las medidas laborales aplicables.
Aquellas mujeres que no sean parte del personal funcionario o laboral, pero que deseen participar en procesos de selección o provisión de empleo en la Administración, también podrán acceder a estos servicios a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El protocolo ha sido respaldado por la mesa sectorial de funcionarios y la comisión negociadora de laborales, y se complementa con una guía sectorial detallada de derechos laborales en el ámbito del empleo público. Esto representa un avance significativo en la protección y apoyo a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad en el marco del empleo público en la región.
En resumen, la implementación de este protocolo refleja el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha en garantizar la seguridad y bienestar de las empleadas públicas víctimas de violencia de género, marcando un precedente importante en el ámbito de la protección laboral en la región.
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