El mercado inmobiliario español se prepara para concluir 2025 con un notable incremento en la actividad de compraventas, alcanzando alrededor de 750,000 transacciones y un aumento en los precios que oscilará entre el 4% y el 6%. Sin embargo, este panorama, en apariencia optimista, enfrenta varios retos hacia finales de año, principalmente derivados de problemas de oferta, inflación, y la eventualidad de incrementos en los tipos de interés.
Vicenç Hernández Reche, economista y CEO de Tecnotramit, señala que la presión sobre los precios se origina por factores diferentes a los que llevaron a la crisis de 2008, anticipando repercusiones más graves en el ámbito social que en el macroeconómico. La escasez de nueva construcción se presenta como un obstáculo significativo, con un déficit que supera las 100,000 viviendas anualmente. Este desajuste, que sitúa la oferta entre 80,000 a 100,000 construcciones al año y una demanda de 200,000 viviendas, está impulsando el aumento en los precios tanto en el sector de compra como en el alquiler.
Respecto a la posibilidad de una burbuja inmobiliaria, Hernández Reche considera que, aunque a primera vista podría parecerlo desde una perspectiva financiera convencional, la situación actual es notablemente distinta a la de 2008. Los criterios de financiación son más cautelosos y se mantiene una demanda fuerte, con variaciones de precios que dependen del área geográfica. No obstante, advierte que un eventual colapso tendría un impacto más severo en las poblaciones menos favorecidas.
En el ámbito hipotecario, las hipotecas de tipo fijo están ganando terreno frente a las variables, aunque todavía son inaccesibles para muchos. Los nuevos créditos hipotecarios continúan manteniendo tasas de interés elevadas en comparación con los niveles previos a 2022, lo que podría complicar la situación de las familias de ingresos medios y bajos si los precios no logran estabilizarse.
Para hacer frente a estos desafíos, Hernández Reche propone implementar un plan nacional de oferta y rehabilitación que contemple la construcción de más viviendas libres, asequibles y sociales. También sugiere la agilización en la concesión de licencias y una promoción masiva de la rehabilitación energética, enfatizando que la política de vivienda debe adaptarse a las realidades del mercado y no basarse exclusivamente en inclinaciones ideológicas.
