En la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, se ha alcanzado un acuerdo entre el PSOE y el PP para que el Tercer Sector decida quiénes del ámbito de la discapacidad formarán parte del Consejo Social de la Universidad. Este pacto se enmarcó durante la elaboración del Informe sobre el Proyecto de Ley del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el que se debatieron siete enmiendas presentadas por Vox, las cuales no obtuvieron el apoyo de los principales partidos.
El PP presentó tres enmiendas, de las cuales dos fueron aceptadas e incorporadas al dictamen. La enmienda retirada hacía referencia a las funciones de la Presidencia del Consejo Social. Uno de los compromisos que se establecieron garantiza la inclusión de personas con discapacidad en el Consejo, que estará conformado por 21 miembros, lo que busca reflejar la diversidad del tejido social de la región. La diputada popular María José Gil subrayó la necesidad de integrar a personas con discapacidad en este órgano: «Nos parece que este órgano también tiene que dar respuesta a todo ello».
La otra enmienda del PP aceptada propone la creación de una Comisión Ejecutiva que represente los intereses sociales del Consejo Social, una figura que hasta ahora no existía. Gil enfatizó que sus propuestas estaban orientadas al consenso para mejorar el proyecto y reforzar el vínculo entre la universidad y la sociedad.
Por su parte, el representante de Vox, Luis Juan Blázquez, criticó la norma por las observaciones del Consejo Consultivo, argumentando que la propuesta incrementa la burocracia y carece de criterios claros para la captación de fondos. Además, cuestionó la falta de medidas concretas para mejorar la conexión entre la universidad y la sociedad, y sugirió reducir el número de miembros del Consejo Social y suprimir las retribuciones, salvo para compensaciones por gastos.
Desde el PSOE, el diputado Ángel Tomás Godoy agradeció la disposición al acuerdo del PP y mostró apertura a considerar algunas de las enmiendas de Vox en el pleno. Godoy destacó que el consenso es esencial para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos, aunque defendió la importancia de que los miembros del Consejo Social asumieran responsabilidades significativas, dado que podrían ser responsables de su patrimonio en caso de problemas legales.
La nueva Ley del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, actualmente en tramitación, busca modernizar sus competencias, promoviendo un órgano más dinámico enfocado en las relaciones con su entorno, la captación de fondos y el fortalecimiento de la conexión con los estudiantes. La normativa contempla un aumento en el número de miembros del Consejo de 19 a 21, introduciendo perfiles con experiencia en inclusión y economía social, además de un enfoque de género que asegure una representación equilibrada entre hombres y mujeres, y que mejore la transparencia y rendición de cuentas del Consejo.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
