La reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía ha generado un nuevo conflicto en el panorama político español. Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y líder de Junts per Catalunya, ha respondido con críticas contundentes, acusando al Supremo de «boicotear la ley». En un mensaje difundido a través de un vídeo, Puigdemont afirmó que «el margen prevaricador del Tribunal Supremo se está estrechando», dejando claro que no considera el fallo como una victoria, sino como un nuevo desafío en la tensión institucional.
El veredicto favorable de la mayoría progresista del Constitucional, con seis votos a favor frente a cuatro en contra de los magistrados conservadores, eliminó el último obstáculo legal para la aplicación de la amnistía. Sin embargo, Puigdemont se muestra cínico ante la situación, afirmando que el Supremo actúa libremente, sin temor a ser responsabilizado: «Sé que les da igual, porque nadie se atreverá a juzgar a los jueces del Supremo».
Desde su exilio en Waterloo, Puigdemont arremete contra el sistema judicial español, acusándolo de «forzar las costuras del Estado de derecho» hasta provocar una grieta «insostenible». Su crítica cobra un carácter político más profundo: «En un Estado de derecho, los jueces aplican las leyes. En el Estado español, no. Aplican la ley de la forma que a ellos les gusta y boicotean aquellas con las que están en desacuerdo político».
El expresidente subraya que, aunque la amnistía es «necesaria, pero no suficiente», su incumplimiento podría dar lugar a una «crisis profunda». Desde su perspectiva, el verdadero problema radica en el bloqueo que representa esta situación, simbolizando lo que él denomina una «estafa democrática del régimen monárquico español».
El discurso de Puigdemont, cargado de simbolismo, renueva el debate sobre la creciente desconexión entre Cataluña y las instituciones centrales de España. En este contexto, la figura del Supremo, que se presenta como un actor político, vuelve a ocupar un lugar central en la discusión. Ahora la incertidumbre se cierne sobre cuándo y cómo se llevará a cabo la amnistía, pero queda claro para Puigdemont que la lucha no ha hecho más que comenzar con esta sentencia.
