Las conversaciones entre Junts per Catalunya y el gobierno de Pedro Sánchez han vuelto a la mesa, tras la firma de un acuerdo parcial que permite la implementación de diversas medidas sociales. Este acuerdo, que se concretó horas antes de la intervención del presidente, incluye aumentos en las pensiones, bonificaciones en el transporte y acciones destinadas a combatir la ocupación ilegal de inmuebles. El líder independentista, Carles Puigdemont, había detenido previamente las negociaciones debido a diferencias en el texto inicial.
A través de un comunicado, Junts ha señalado que este pacto, aunque significativo, «excluye de momento» cuestiones como reformas tributarias y ayudas para empresas electrointensivas, aspectos que se abordarán en futuras discusiones. La formación destacó que se ha priorizado la protección de las familias más vulnerables y la garantía de derechos frente a impagos, dejando de lado el impacto del «impuesto a la banca» en este acuerdo.
Como elemento adicional, Junts ha logrado que se incluya una Proposición No de Ley (PNL) que exigiría a Sánchez someterse a un debate de confianza en el Congreso. Miriam Nogueras, portavoz del partido, argumentó que «un Gobierno sin mayoría debe negociar cada paso» y exigió claridad en el cumplimiento de lo acordado. Sin embargo, el presidente Sánchez restó importancia a la necesidad urgente de esta medida, señalando que no hay motivos para activarla en este momento y evitando comprometerse a plazos específicos.
La firma del decreto social representa un cambio en la postura de Puigdemont, quien había congelado las conversaciones por considerarlas insuficientes. Con este nuevo acuerdo, Junts reaccede a debates sobre vivienda, empleo y fiscalidad, pero mantiene en espera otros temas delicados, como el concierto económico catalán. El texto también incluye ayudas para víctimas de catástrofes naturales y medidas contra el trabajo irregular, aunque Junts se opuso a cualquier cambio en competencias digitales o postales, argumentando que representarían una intromisión en las autonomías.
Este acuerdo refuerza la interdependencia entre el PSOE y Junts, donde la formación independentista, con solo 7 escaños, ejerce una influencia considerable. Este marco de colaboración da continuidad a un patrón de negociación, siendo este el tercer pacto en medio año en el que los independentistas condicionan su apoyo a concesiones en temas relacionados con Cataluña. Desde 2023, Sánchez ha forjado diez acuerdos puntuales con partidos nacionalistas, consolidando su imagen como negociador en una compleja arena parlamentaria.
Con las elecciones catalanas en el horizonte y el debate de confianza en la agenda, la relación entre Sánchez y Puigdemont se convierte en un elemento clave para la estabilidad legislativa. Mientras Puigdemont busca aprovechar su poder de veto, Sánchez intenta avanzar en su agenda social sin sacrificar el delicado equilibrio que mantiene en el Congreso.
