La Universidad de Castilla-La Mancha se encuentra preocupada ante la confirmación de sus previsiones negativas sobre la implantación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). El rector, Julián Garde, ha expresado su inquietud al constatar que el coste estimado de esta nueva ley para las instituciones académicas asciende a 844 millones de euros.
Esta cifra contrasta drásticamente con los 54 millones de euros que inicialmente se habían estipulado en la Memoria de la ley. Los rectores de las universidades españolas llegaron a esta conclusión después de un análisis del impacto económico que tendría la aplicación de la LOSU, contradiciendo rotundamente las estimaciones iniciales.
Un estudio titulado ‘Financiación Pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario’, presentado por Crue Universidades Españolas y llevado a cabo por expertos de la Universitat Politècnica de Valencia y la Universidad de Jaén, detalla que las universidades públicas tendrán que afrontar importantes costes directos derivados de esta nueva ley. Se estima que, tan solo en el año 2024, las universidades deberán contar con una partida de al menos 225 millones de euros para hacer frente a las limitaciones horarias docentes. Para el año 2030, los costes adicionales en cuestión de contrataciones permanentes y reducción de temporalidad se estiman en 424 millones de euros.
Además, se espera que las universidades asuman anualmente los costes de la Seguridad Social para los jubilados que hasta ahora habían sido cubiertos por el Estado, lo que representaría un incremento de 195 millones de euros. Ante esta situación, la CRUE advierte que, de no disponerse de esta financiación, la LOSU se volvería inaplicable y que es necesario incluir créditos adecuados en los Presupuestos Generales del Estado para 2024.
El informe también sugiere que la Administración central debe ser la principal responsable de proporcionar los fondos para cumplir con el incremento de gasto público en educación, como refleja la LOSU. Además, propone una mejora en becas y ayudas al estudio, enfocadas en familias con ingresos bajos, con una inyección de fondos cercano a los 1.000 millones de euros.
La CRUE destaca la necesidad de considerar las disparidades regionales en el PIB per cápita español para asignar recursos equitativamente, priorizando el principio de equidad. Subraya que la Administración central tiene competencias para desarrollar programas sectoriales de financiación universitaria y enfatiza que no debería esperarse que el mayor esfuerzo presupuestario provenga de los gobiernos regionales.
Finalmente, la presidenta de Crue Universidades Españolas, Eva Alcón, ha enfatizado la importancia de que el Estado provea de recursos adicionales a las comunidades autónomas para la adecuada aplicación de la LOSU, destacando que sigue siendo incierto cómo se llevará a cabo el incremento de la financiación necesaria para alcanzar el objetivo del 1% del PIB en el sistema universitario.
En resumen, la implantación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario está generando una gran preocupación en las instituciones académicas españolas, que esperan que se tomen medidas concretas para garantizar su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo.
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