El pleno municipal de Sevilla ha adoptado una nueva regulación que busca frenar la expansión de las viviendas turísticas en la ciudad, estableciendo que estos alojamientos no podrán exceder el 10% del total de viviendas en los diferentes barrios. Esta medida, impulsada por el alcalde José Luis Sanz y respaldada por Vox, tiene como objetivo controlar el impacto del turismo masivo, denuncias que han sido cada vez más frecuentes entre los vecinos.
La normativa responde a las crecientes quejas de los residentes sobre cómo el aumento de viviendas turísticas ha afectado su calidad de vida en varias zonas de la ciudad. Además, el Ayuntamiento ha tomado la decisión de intensificar el control sobre las viviendas ilegales, implementando medidas como la suspensión del suministro de agua a aquellos pisos que operan sin licencia, una iniciativa que ya se puso en marcha en septiembre.
Por otro lado, la oposición, representada por PSOE y Podemos-IU, ha expresado su desacuerdo con la regulación. Ambos partidos argumentan que una moratoria habría sido una alternativa más efectiva para frenar la expansión del fenómeno turístico. Según su análisis, limitar la proporción de viviendas turísticas en barrios periféricos podría dar pie a la creación de hasta 23.000 nuevas propiedades, lo que, a su juicio, provocaría un aumento en los precios del alquiler en estas áreas. El concejal de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha rebatido esta estimación, asegurando que el impacto real será significativamente menor y que, en el peor de los casos, se agregarían 7.000 nuevos alojamientos turísticos.
La administración municipal defiende que su objetivo es equilibrar la oferta de pisos turísticos y garantizar la convivencia en los barrios. En este sentido, se han aplicado otras iniciativas, como la instalación de señalización en las áreas más turísticas y el endurecimiento de las normativas de limpieza en lugares emblemáticos como Santa Cruz.
Sin embargo, no solo la oposición critica la medida. La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos (AVVA Pro) también ha manifestado su desacuerdo con la nueva regulación, considerándola una «solución parcial» que no aborda el problema de raíz. Proponen en su lugar que se controle el número de plazas ofrecidas en lugar de reducir el número de viviendas turísticas, argumentando que no se debería imponer un límite uniforme en toda la ciudad, ya que cada barrio presenta características distintas.
Pese a las críticas del sector, el Ayuntamiento ha decidido continuar con la normativa, priorizando el bienestar de los residentes y el control del turismo en una ciudad que, al igual que otros destinos populares como Mallorca o Málaga, enfrenta los retos que conlleva la creciente demanda de viviendas turísticas.
